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Expertos nacionales y del exterior debatieron sobre salud mental y justicia


Durante las primeras Jornadas Internacionales sobre Salud mental, Familia y Adicciones, destacados especialistas pidieron que se respeten los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales y que se les garantice una atención equitativa y de calidad.

Buenos Aires, 30 de junio de 2010 (OPS/OMS).- En el marco de las Jornadas Internacionales sobre Salud Mental, Familia y Adicciones, expertos de diversas áreas pidieron que se respeten los derechos de las personas internadas por problemas de salud mental y que se les garantice una atención equitativa y de calidad que posibilite su reintegración social.

Las jornadas, que tuvieron lugar el 24 de junio en la Facultad de Derecho de la UBA y fueron organizadas por esa casa de altos estudios, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), y la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, se centraron en Una mirada socio sanitaria desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad a la luz de tres fallos judiciales: RMJ, Tufano y Arriola.

Los dos primeros fallos de la Corte Suprema de la Nación versan sobre los derechos de las personas internadas coactivamente por problemas de salud mental, el último es el que declaró inconstitucional penar la tenencia de drogas para uso personal en agosto de 2009.

“En el ámbito de la salud mental todos los derechos humanos son violados sistemáticamente”, señaló la decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Monica Pinto. Y recordó que además de las declaraciones internacionales de derechos humanos, existen tratados como la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad para garantizarlos. “Estos instrumentos están allí para recordar que otros ya habían consagrado los derechos en nombre de todos. A partir de estos tratados no existe posibilidad legal de privar a una persona de sus derechos”, subrayó.

Pinto citó un estudio del Centro Estudios Legales y Sociales (CELS), que afirma que en el país 25 mil personas están privadas de su libertad por razones de salud mental. “Esas personas ingresaron a instituciones por decisión de una autoridad pública y no pueden salir por su propia decisión. No consta que hayan cometidos un delito”, destacó. 

En ese sentido consideró que las personas institucionalizadas “dejan de pertenecer al mundo de tener derechos” y que lo que debe primar es el enfoque de “inocencia y trato humano, y no la tortura y la medicalización de cuestiones sociales”.

A su turno, el representante de la OPS/OMS en Argentina, José Antonio Pagés, destacó el derecho a la inclusión social de las personas con padecimientos mentales y los avances en Argentina en materia de derechos humanos, salud mental y abordaje de las adicciones. “La jornada es un aporte más a este proceso para que la pena y el sufrimiento por las prácticas del encierro, la tortura y la discriminación dejen de prevalecer”, indicó.

La titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, Mónica Cuñarro, consideró que los temas de salud mental y adicciones “no pueden estar en el campo del derecho represivo”. Y consideró que una vez que Argentina suscribe la Convención sobre Personas con Discapacidad, abandona un modelo tutelar por lo que “toda la legislación debe ser revisada y las políticas deben ser adecuadas al modelo social”.

“El derecho a la salud es un derecho que se pelea”, aseguró Cuñarro y sostuvo que “es un deber ético de los magistrados, de la abogacía independiente,  lograr el respeto por los derechos humanos”.

Marisa Herrera, profesora de la Facultad de Derecho, presentó un trabajo realizado junto a Cuñarro y a Luz Pagano, con cifras extraídas de la Justicia nacional en lo Civil y la Justicia federal en la ciudad de Buenos Aires. En 2009 hubo 7111 personas con pedido judicial de internación psiquiátrica, casi 200 por uso de drogas y 618 por insania. “La mayoría de las personas presenta trastornos que no necesitan internación”, resaltó.

Por su parte, Itzhak Levav, asesor en la materia del Ministerio de Salud israelí e integrante del Comité de Expertos de la OMS, expuso sobre la importancia de las transgresiones a los derechos humanos por omisión.

“Las violaciones a los derechos humanos son también por faltas por omisión”, señaló y confió que “los juicios visibles han servido para advertir a los profesionales de la salud mental que las violaciones a los derechos humanos no son excusables”.

Levav criticó que “las acciones de rehabilitación psico- social están casi ausentes en el país”, por lo que consideró importante la sanción de la Ley de Salud Mental que aguarda su tratamiento en el Senado. “El derecho a la rehabilitación posibilita la reintegración social y es mejor cuando se hace en la comunidad y cuanto menos se reduce la vida cotidiana”, destacó el especialista.

Según el ex jefe del Programa Regional de la OPS/OMS, en el campo de la salud mental existen numerosas acciones preventivas, pero no llevarlas a cabo significa una trasgresión del derecho a la salud. “Es posible promover la salud por medio del refuerzo del apoyo social. Cuanto más integrada la persona, más preparada para enfrentar situaciones adversas”. Levav pidió asegurar una “atención equitativa y de calidad, respetuosa de los derechos humanos”.

También participaron de las jornadas el asesor en Salud Mental para el Cono Sur de la OPS/OMS, Hugo Cohen; el consultor de Naciones Unidas Alejandro Morlachetti; el autor del proyecto de ley sobre salud mental y adicciones Leonardo Gorbacz; el secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fernando Arnendo; además de abogados, juristas y representantes de ONG, entre otros.

La actividad también fue auspiciada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, la Defensoría General, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y las carteras de Educación, Trabajo y Desarrollo Social, entre otras entidades y organismos públicos.

Última actualización el Jueves 01 de Julio de 2010 09:43

 
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