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La Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos festejó el primer aniversario de la sanción de la Ley 26.657. Durante el acto, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría General de la Nación, la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Corrupción; la Dirección Nacional de Salud Mental y la OPS/OMS, analizaron avances y experiencias en relación a la aplicación de la norma.   

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.- “Este es un día de celebración porque se cumple un año de una ley que sintetiza el espíritu que desde el gobierno venimos impulsando desde 2003, porque este es un proyecto que vino a reparar los graves daños que venía sufriendo nuestra sociedad, a incluir a los que fueron marginados durante años y años, a reconocer y a restituir los derechos que habían sido vulnerados durante tanto tiempo”, señaló el subsecretario de Protección de Derechos Humanos Luis Alén, durante el acto de celebración del primer aniversario de la sanción de la Ley de Salud Mental 26.657.

Durante el acto, que tuvo lugar en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti organizado por la Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos, también participaron la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; la secretaria de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Corrupción, Mónica Cuñarro; la representante de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, Graciela Natella; y el asesor subregional en Salud Mental para Sudamérica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Hugo Cohen.

Alén destacó que la norma fue posible gracias al trabajo colectivo. “Esta ley no se trabajó desde un despacho, no se trabajó en soledad, sino que se trabajó en el campo y colaborando con todos, con las organizaciones de la sociedad civil, con los familiares, con otros poderes, con los representantes de la Defensoría General de la Nación, con representantes del poder legislativo, del ejecutivo. Los tres poderes impulsando una política de Estado que busca reparar e incluir, que busca reconocer los derechos de todos, que busca terminar con un sistema injusto, de exclusión, de marginación, que condenaba a los pacientes a verse privados de sus derechos fundamentales y a no ser considerados como personas y con la dignidad que ello conlleva”, afirmó.
 
Además, convocó a seguir trabajando desde la Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos, para que la ley tenga “plena vigencia en todo el territorio del país”.
 
Por su parte, Martínez destacó “el doble efecto” de la norma. “Esta ley va a cambiarle la vida a un montón de personas, pero básicamente no sólo va a poner en plena crisis un comportamiento antiguo e inhumano en el tratamiento de las personas con padecimiento de salud mental, sino que también –esperemos- va a airear la obsoleta justicia de familia que lejos de proteger, en una inmensa mayoría de los casos, se limitaba con guardar a la gente para no verlas”.
 
En representación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, Natella leyó unas palabras de su director, Yago Di Nella, quien expresó que la ley establece un “cambio de paradigma” y es una “herramienta transformadora”.
 
Cuñarro y Cohen mencionaron los compromisos internacionales en la materia asumidos por la Argentina y coincidieron en destacar que la Ley es un ejemplo a nivel internacional. “Diversos países de la región de las Américas han tomado la ley 26.657 como referencia para sus propios procesos de construcción de una legislación en salud mental y adicciones”, señaló el asesor de la OPS/OMS y subrayó el hecho de que “una diversidad de actores de campos muy distintos de la sociedad trabajaron activamente por su aplicación y capacitación para su implementación; procesos que alcanzaron a más de 5 mil profesionales de manera directa, tanto del campo de la salud como del derecho, ONG, familiares y usuarios”, entre otras instituciones.

Cohen consideró que aún “se observa una necesidad de mejorar la articulación entre los actores para lograr una efectiva coordinación e intercambio de las innumerables iniciativas que existen en el campo de la salud mental, alcanzando verdaderas sinergias dentro de un rico y vasto escenario que aún se encuentra disperso”.

Durante el encuentro también participaron Victoria Martínez, directora nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad; representantes de la Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM); del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); de la Asociación de Psiquiatras Adherentes por los Derechos Humanos (APADH); de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación; del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); de la Defensoría General de la Nación, Ministerio Público de la Defensa; de la Asesoría General Tutelar, Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de la Superintendencia de Servicios de Salud, Ministerio de Salud; de la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que padece Esquizofrenia y su Familia (APEF); de la Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios por la Salud Mental (Red FUV), del Frente de Artistas del Borda; del Movimiento de Jóvenes por la Ley 26.657; además del diputado Leonardo Gorbacz, autor del proyecto de Ley Nacional de Salud Mental; y la diputada Silvia Storni.
 

Última actualización el Martes 13 de Diciembre de 2011 11:50

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