Acción conjunta entre actores públicos y privados es esencial para el crecimiento agrícola y la reducción de la pobreza rural

Santiago, Chile - 05 de marzo de 2008
Conciliar el crecimiento económico con la inclusión social y económica de la población rural es un desafío aún no resuelto en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. La Región muestra dos paradojas que ilustran profundos contrastes y desigualdades: la persistencia del hambre a pesar de que se producen alimentos suficientes y la persistencia de la pobreza rural a pesar del dinámico crecimiento de la economía regional y de la agricultura en particular.

Entre 2002 y 2006 las exportaciones de alimentos crecieron en un 12% al año y la actual contribución del sector agrícola al PIB regional varía entre un 27 y un 34%. Sin embargo, la pobreza rural persiste: más del 54% de la población rural vive en pobreza.

La FAO considera que la acción concertada entre los actores públicos y privados es imprescindible para potenciar el desarrollo rural con el objetivo de reducir la pobreza y el hambre en el campo, contribuir al crecimiento económico y mejorar la competitividad agrícola. Las potencialidades de dicha acción conjunta será uno de los temas centrales que se debatirán en la 30ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que se realizará en Brasilia (Brasil) del 14 al 18 de abril.

“De manera aislada, ninguno de los actores ha logrado superar el contraste evidente en el campo: el dinamismo del sector agrícola y la persistencia de sus altos niveles de pobreza y de hambre”, observó el Jefe de la Subdirección de Asistencia para las Políticas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Fernando Soto Baquero.

El documento que será presentado por la FAO en la Conferencia Regional resalta que ha habido un debilitamiento del aparato del Estado en el campo. “En la mayoría de los países de la Región, el sector público y particularmente el agropecuario, fue perdiendo muchas de sus capacidades de intervención y regulación a partir de los ajustes estructurales de los años noventa” afirma el texto.

En el ámbito privado, el documento destaca los avances en la organización de los pequeños productores en asociaciones y cooperativas, y la creación de gremios y movimientos sociales, así como el peso económico y la influencia política cada vez mayores de actores empresariales privados.

Sin embargo, estos avances no han sido capaces de compensar la pérdida de poder de la intervención del poder público, y no se han traducido en mejoras para la agricultura familiar, sector que - a pesar de su baja productividad - es un importante abastecedor de alimentos en los países de América Latina y el Caribe. Datos recopilados por la FAO en seis países de la Región señalan que su participación puede ser ampliada, ya que la agricultura familiar responde por 57 a 77% del empleo agrícola, aunque sólo responde por 27 a 67% del valor de la producción sectorial.

Mejorando la calidad de la intervención rural

Según la FAO, las políticas rurales deben apuntar a construir capacidades e igualar oportunidades para la inserción en los mercados de las familias rurales. Además, deben considerar en su diseño e implantación los intereses de los actores públicos y privados, tales como el empresariado, la agricultura familiar y sus organizaciones, y la sociedad civil.

En el documento, la FAO ofrece su apoyo a los países para superar los tres principales desafíos necesarios para llevar a cabo la alianza público-privada: la necesidad de mejorar la gobernabilidad en el sector rural, incluir a la agricultura familiar en los procesos de desarrollo económico y social, y mejorar el desempeño de los mercados laborales en el sector rural.

El documento cita cinco áreas donde la colaboración público-privada puede tener buenos resultados: el combate al hambre y a la pobreza, el acceso de los pequeños productores a mercados por parte los pequeños productores, la inocuidad de los alimentos, la promoción de la salud animal y el manejo de las enfermedades transfronterizas, y la gestión de territorios.

En lo que se refiere al combate al hambre, las sociedades latinoamericanas han impulsado el surgimiento de marcos legales consensuados referentes al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria en diversos países de la Región. Las acciones público-privadas también pueden contribuir a garantizar el suministro de alimentos inocuos y de calidad, área en la cual tanto los sectores públicos como los privados deben cumplir roles fundamentales.

Ejemplos exitosos

El documento menciona varios ejemplos concretos de éxito en ese tipo de alianzas en América Latina y el Caribe.

En Chile, una mesa de diálogo agrícola establecida en el 2000 fue precursora de la incorporación de las organizaciones representativas de la agricultura familiar en diversas instancias público-privadas.

En Guatemala, la Asociación de Organizaciones de la Sierra de los Cuchumatanes (ASOCUCH), que reúne a más de 8.000 familias rurales asociadas, se ha posicionado como líder en la prestación de servicios de asesoría técnica, empresarial y financiera, y mantiene un vínculo estrecho con organizaciones y empresas privadas.

En Honduras, el Programa de Acceso a la Tierra (PACTA) impulsa esquemas de alianzas entre el Estado, el sector financiero y proveedores privados de asistencia técnica, y las familias organizadas en torno al objetivo común de crear empresas productivas con acceso a los mercados. En particular, 770 familias lograron adquirir 2.000 ha por US $ 2.700.000 a través de préstamos de largo plazo efectuados por 17 instituciones financieras privadas.

La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA), creada el 2001 por 27 instituciones públicas y privadas, miembros de la academia y gremios del agro nicaragüense, busca mejorar la competitividad del sector agropecuario y forestal, invirtiendo en innovación tecnológica y difusión de nuevas tecnologías.

En Perú, la Industria Alimentaria La Convención (INDACO), formada por iniciativa de Caritas con socios públicos y privados, reúne a más de 16 mil pequeños productores agrícolas de cacao, café, achiote, maní, soya y maíz, quienes buscan en conjunto superar los problemas relacionados a los bajos niveles de productividad y la falta de acceso a la información y a los mercados.