|
Revista Perspectivas de Salud |
 |
 |
|
Índice  |
|
ÚLTIMA PALABRA El acceso a los medicamentos esenciales... es esencial por Martin Foreman Ocho años después de entrar en vigencia el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), y de más de un año desde que la Declaración de Doha diera prioridad a la salud pública respecto de las patentes, en el mundo en todavía hay millones de personas que no tienen acceso a los medicamentos básicos.
En otras palabras, la corrupción, la ineficacia y la pobreza son factores que pueden limitar el acceso de una persona a los medicamentos que necesita. Estos aspectos deben resolverse a nivel nacional. Sin embargo existe un obstáculo fundamental que sólo puede resolverse internacionalmente. Se trata de la posibilidad de reemplazar los medicamentos patentados por sus equivalentes genéricos. Según el acuerdo sobre los ADPIC, los dueños de las patentes pueden extender su monopolio hasta 20 años en los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (todos los miembros de la Organización Panamericana de la Salud son también miembros de la OMC). Como las patentes originan monopolios, los fabricantes pueden cobrar precios altos. Cuando se acaban los monopolios, los precios bajan. En el momento en que los fabricantes de los países en desarrollo comenzaron a producir versiones genéricas de los medicamentos antirretrovirales, el costo anual del tratamiento contra el sida bajó de 10.000 dólares a algo más de 200 dólares en países donde había versiones genéricas de esos medicamentos. Los gobiernos pueden emitir licencias obligatorias que otorgan el derecho de fabricación a otra empresa mediante el pago de regalías al propietario de la patente. Pero estas licencias son utilizadas principalmente en el ámbito nacional. Un país pobre sin capacidad para producir medicamentos no puede emitir una licencia obligatoria a un fabricante de otro país, y por eso tiene que pagar precios de monopolio. Esta cuestión —las licencias obligatorias para exportar desde un país con capacidad de producción a otro que no la tiene— sigue sin resolverse desde hace más de un año en la mesa de negociaciones de la OMC. Cada tanto, los delegados pasan días debatiendo cómo hacerlo, pero aún no llegaron a un acuerdo. Básicamente, la organización está dividida en dos. Mientras el mundo en desarrollo busca que las licencias obligatorias para exportar se otorguen de la misma manera que las utilizadas en los mercados nacionales, el mundo industrializado quiere restringir las licencias para los medicamentos contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria (pero no para los medicamentos contra la neumonía, la diarrea, el cáncer o las enfermedades del corazón) y, además, someter su otorgamiento a un largo procedimiento burocrático. No debe sorprender que los países que se oponen a la extensión de licencias obligatorias sean los países sede de la industria farmacéutica, la cual es dueña de la mayoría de las patentes. La industria sostiene que la protección del monopolio le es esencial para financiar la investigación: si no se respetan las patentes, no puede recuperar los costos ni asignar fondos suficientes para la investigación sobre nuevos medicamentos, como los antirretrovirales para el VIH/sida. Este argumento es en parte cierto, pero no da toda la perspectiva de la cuestión. En primer lugar, las compañías farmacéuticas obtienen la mayor parte de las ganancias en el mundo industrializado. En 2002, las ventas en Norteamérica, Europa Occidental, Japón y Australasia representaron aproximadamente el 79% de los ingresos de la industria. América Latina y el Caribe aportaron un 7,5%. En otras palabras, un cambio de los medicamentos patentados a los genéricos en el mundo en desarrollo significaría una pérdida pequeña para la industria farmacéutica. En segundo lugar, la investigación farmacéutica con fines de lucro se concentra cada vez más en medicamentos para los padecimientos relacionados con los "modos de vida", y menos en el tratamiento de enfermedades graves. Muchas de las primeras, como la disfunción eréctil o el envejecimiento de la piel, no ponen en peligro la vida, mientras que otras, como la obesidad y el tabaquismo, representan amenazas para la vida sólo con el transcurso del tiempo y, para tratarlas, hay remedios alternativos como la alimentación adecuada y las modificaciones en el comportamiento. En tercer término, gran parte de las principales investigaciones sobre enfermedades que amenazan la vida, como el VIH/sida, se realizan en instituciones públicas y con dinero del estado. Son muy pocas las investigaciones que la industria farmacéutica dedica a las enfermedades que sólo afectan a ciertas poblaciones, como el mal de Chagas, o que afectan sobre todo al mundo en desarrollo, como la tuberculosis. Y la mayoría de sus costos se trasladan a los consumidores. Ya que los consumidores y el estado sufragan la mayor parte de los costos de la investigación, la industria tiene muy poco que perder, y es probable que se beneficie si aumenta el otorgamiento de licencias obligatorias para el uso de un país o para exportación. Las licencias obligatorias no perjudican al dueño de la patente, pues recibe una regalía por cada producto vendido. El aumento en las ventas de medicamentos significa más ingresos para el dueño de la patente, independientemente de quién sea el fabricante. Un medicamento patentado que se vende a un precio alto porque tiene el monopolio del mercado genera menos ingresos para el dueño de la patente que varias versiones del mismo medicamento producido bajo licencia y vendido a precios competitivos. La industria farmacéutica reconoce que los precios altos restringen las ventas y que el volumen genera ingresos, y ha tratado de resolver esta cuestión pero sin ceder el control absoluto de sus patentes. Las soluciones que ha propuesto son las donaciones o los precios reducidos —que ya se ofrecen a muchos países— y las licencias voluntarias, por las que se otorga licencia de fabricación a terceros. Pero estas "soluciones" presentan sus propios problemas. En primer lugar, dependen de la buena voluntad del donante, siempre menor que su necesidad de vender medicamentos. También podrían significar una carga más para el sistema de salud pública, ya que suponen personal para administrar diferentes sistemas de pagos. Lo más probable es que el número de pacientes y las regiones geográficas que se beneficien sean limitados, y que las necesidades no sean el factor decisivo. Estas soluciones no ideales pueden mostrar a la industria farmacéutica como generosa, pero la realidad es que aún hay millones de pacientes sin acceso a medicamentos antirretrovirales y otras drogas patentadas. Cabe decir que el público general se ha beneficiado realmente sólo en muy pocos países (como Brasil) donde los gobiernos han amenazado con licencias obligatorias y la industria se ha visto forzada a competir al mismo nivel con los fabricantes de medicamentos genéricos. La industria aduce que la reducción significativa de precios en el mundo en desarrollo llevará al mundo desarrollado a solicitar reducciones en los precios de los productos. Es poco probable que esto se convierta en un problema. Los usuarios del transporte público en Nueva York no reclaman pagar la misma tarifa que en el metro de Santiago, ni los bebedores de cerveza londinenses insisten en pagar los precios de Bangkok. Es poco probable que los pacientes del mundo desarrollado cuyas medicinas están subsidiadas o pagadas por el gobierno y las compañías de seguros, exijan pagar precios equivalentes a los del mundo en desarrollo. Una vez que obtiene la mayor parte de los beneficios en el mundo desarrollado, la industria farmacéutica pierde muy poco al permitir que otros entren en su mercado en los países en desarrollo. Por esp las licencias obligatorias —tanto para la producción nacional como para la exportación de todos los medicamentos esenciales — son la mejor solución intermedia, ya que garantizan un ingreso a la industria farmacéutica al tiempo que permiten aumentar el número de personas con acceso a los medicamentos esenciales. Martin Foreman reside en Londres y escribe sobre los aspectos mundiales del VIH/sida, sexualidad y salud pública. Su informe Patents, Pills and Public Health fue publicado en 2002 por el Instituto Panos (www.panos.org.uk). |
|
Las causas son muchas. Los pacientes no pueden llegar hasta el médico porque no pueden pagar su traslado hasta la clínica o el hospital. O si logran llegar, el doctor no está porque también debe atender su clínica privada. O el doctor está, pero ese día hay demasiados pacientes. O el doctor ve al paciente y receta un medicamento, pero el paciente no tiene dinero para comprarlo. A veces sucede que el medicamento es gratis en teoría, pero el presupuesto gubernamental destinado a medicamentos esenciales no alcanzó. O el Ministerio de Salud compró el medicamento pero éste "desapareció" de la farmacia del hospital, sólo para reaparecer a la venta en una farmacia privada cercana.