Primera palabra
Unidos por el acceso universal
En comparación con África, la epidemia de sida en el hemisferio occidental es relativamente limitada. Por supuesto que Haití y algunos otros países del Caribe han sido duramente golpeados por la enfermedad. Pero según el cálculo de ONUSIDA, a lo largo de las Américas, –desde Canadá hasta la Argentina– murieron entre 91.000 y 138.000 personas debido al VIH/sida, en comparación con 2,2 a 2,4 millones de muertes que ocurrieron en África el mismo año. En nuestra región se contabilizan de 156.000 a 234.000 nuevos casos en contraste con más de 3 millones que ocurren en África. En las Américas, la tasa total de infección por el VIH es de 0,5 a 0,7 % en comparación con el 7,5% o más en el África subsahariana, donde la epidemia está en su peor momento.
Pero cuéntele esto a alguna de las 3 millones de personas que viven con el VIH en las Américas. Para ellos y para quienes se encargan de sus cuidados se trata de un asunto de vida o muerte, y la diferencia entre vivir y morir reside en el acceso a los medicamentos antirretrovirales.
Parece ser bastante sencillo. Pero detrás de esa simplicidad aparente hay una infinidad de factores que complican la situación para tener acceso a los medicamentos antirretrovirales en Latinoamérica y en el Caribe. En Brasil, donde los funcionarios a cargo de la salud pública hicieron frente a la epidemia con un decisivo enfoque integral, hoy en día, prácticamente todo aquel que necesite tratamiento antirretroviral puede obtenerlo. Otros países –como Bahamas, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica y México– también están cerca de alcanzar el acceso universal a los antirretrovirales. Pero no todos los países de la región han avanzado tanto. Se calcula que 170.000 personas aún no tienen acceso a los medicamentos y, por lo tanto, a la posibilidad de sobrevivir.
Pero como dice nuestro artículo "Una puerta abierta a la vida", todo está cambiando. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), conjuntamente con los 35 estados miembros y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha emprendido un nuevo y ambicioso proyecto que a finales del próximo año procura proporcionar acceso a los medicamentos antirretrovirales en Latinoamérica y en el Caribe a todos aquellos que lo necesiten. Este esfuerzo de alta prioridad entra en el marco de la iniciativa "3 millones para 2005", cuya meta es lograr que en el año 2005 se pueda suministrar a 3 millones de personas de todo el mundo el tratamiento antirretroviral. También apoya las Metas de Desarrollo del Milenio y atiende al llamamiento de los jefes de estado en la reciente Cumbre de las Américas, para que en el año 2005 se logre dar tratamiento a los 600.000 pacientes de VIH/sida en toda América.
Para lograr nuestro objetivo estamos concentrando esfuerzos en la promoción del compromiso político, la movilización de las asociaciones y la participación de la comunidad, y el fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud, así como para garantizar el suministro confiable de medicinas y equipos, vincular el tratamiento y los servicios preventivos, y recabar y aplicar la información estratégica y las lecciones aprendidas.
Hoy en día, el Fondo Mundial para el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, el PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS) de Estados Unidos, y los aportes de otros fondos de los sectores público y privado permiten contar con una cantidad sin precedentes de recursos para alcanzar la meta del acceso universal al tratamiento. Es evidente que en las Américas este objetivo está a nuestro alcance, y seguramente nuestra experiencia permitirá allanar el camino para que se concreten otras experiencias similares en el mundo en desarrollo.
A medida que avanzamos hacia la meta debemos acoger y no resistir la presión ejercida por aquellas personas de la región que viven con el VIH/sida. Es probable que sin su ferviente activismo no hubiésemos logrado progresar en el suministro de tratamiento antirretroviral, ni tampoco se habría llegado al consenso general de que el acceso al tratamiento para el sida es un derecho humano básico y debe estar garantizado para cualquiera que lo necesite, independientemente de su capacidad para pagarlo. En efecto, esta clase de activismo –combinado con otras formas más tradicionales de participación y apoyo comunitario– debe ser aplaudida. Sólo esperamos ver el día en que la gente marche en las calles para exigir el acceso a las vacunas, a la atención maternoinfantil, al tamizaje de las enfermedades crónicas y a otros servicios que son parte esencial de la salud pública.
Mirta Roses Periago
Directora