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En los últimos años los Objetivos de Desarrollo del Milenio se destacan como un logro histórico entre las continuas resoluciones y declaraciones emanadas de la Asamblea General y de otros organismos de las Naciones Unidas. Los objetivos tienen más posibilidades de ser llevados a la práctica que otras magnánimas declaraciones y resoluciones anteriores debido, principalmente, al alto nivel de compromiso político asumido por los países desarrollados y en desarrollo. Además, establecen con claridad lapsos y metas cuantificables para reducir la pobreza, el hambre, el analfabetismo, las enfermedades, la degradación ambiental y la discriminación hacia las mujeres. Por último, plantean una fórmula pragmática para la cooperación entre países ricos y pobres que supone un quid pro quo mundial: apoyo financiero y de otro tipo de los países ricos a cambio de esfuerzos genuinos y de reformas socioeconómicas adecuadas para los países pobres.

Los objetivos son particularmente ambiciosos en su alcance y en su aspiración para lograr una mayor equidad en la distribución de la riqueza y el bienestar. Esto es muy pertinente en los países pobres de Latinoamérica y el Caribe, donde persisten grandes disparidades en los indicadores económicos y sociales.

Todos los objetivos dependen del crecimiento económico saludable y de la reducción de las desigualdades, en un marco que va más allá de los enfoques sectoriales y subraya la interdependencia y complementariedad de estas metas. Del 1 al 7, los objetivos se refuerzan mutuamente y están dirigidos a reducir la pobreza en todas sus formas. El último propone la alianza internacional para el desarrollo, que permitirá contar con los medios para lograr los siete primeros.

El desafío más complejo y ambicioso es avanzar hacia la Meta 1 del Objetivo 1 — entre 1990 y 2015, reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos menores a un dólar por día— y la Meta 2 — reducir a la mitad, en el mismo período, la proporción de personas que sufren hambre. El crecimiento económico necesario para disminuir la pobreza a la mitad sólo puede lograrse en un entorno adecuado de paz y gobernabilidad democrática, y con mercados competitivos que promuevan la inversión, la producción y el comercio. Los países no podrán sostener sus esfuerzos de luchar contra la pobreza sin la garantía de los derechos democráticos ni la participación pública, ni sin una fuerza laboral sana y capacitada. De hecho, no hay probabilidades de lograr ninguno de los objetivos si no se resuelve la exclusión social y la crisis en los Estados inestables.

Un punto fuerte fundamental de los objetivos es haber materializado la alianza mundial. Éstos asignan responsabilidades a los países ricos y a los pobres; los socios de países desarrollados deben contribuir con una generosa asistencia para el desarrollo y otras formas de apoyo a los países en desarrollo que hacen esfuerzos legítimos para introducir reformas en la lucha contra la pobreza. Estas asociaciones no están limitadas a los gobiernos. Los patrocinadores internacionales de los objetivos también se han dirigido a la sociedad civil, al sector privado y a los organismos internacionales para que asignen prioridad a la reducción de la pobreza y las desigualdades, a invertir en la gobernabilidad democrática, en salud, educación, medio ambiente y en otras áreas del desarrollo humano.

Alcanzar el Objetivo 1 en América Latina y el Caribe es un desafío notable debido a que el número absoluto de personas pobres está en aumento y la región es la más desigual del mundo. Las desigualdades son muy marcadas tanto entre los países como dentro de ellos. Los promedios regionales y nacionales de los indicadores sociales esconden grandes disparidades en el ingreso, el origen étnico, el género y la ubicación geográfica.

Una nueva visión global
La Declaración del Milenio —firmada por 189 gobiernos y jefes de Estado en la Cumbre del Milenio organizada en 2000 por las Naciones Unidas, en Nueva York— establece un marco de referencia que...[Leer más]

La tasa de crecimiento económico en la región es muy baja. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), las economías de la región crecieron apenas el 1,5% en 2003; más aún, el crecimiento del PIB per cápita fue cero después de haber sido negativo en los años 2001 y 2002.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la CEPAL, y el Instituto Brasileño para la Investigación de la Economía Aplicada (IPEA) realizaron en 2002 un estudio de 18 países de la región para determinar cuáles son las condiciones necesarias para que en 2015 cada uno de ellos disminuya a la mitad la tasa de extrema pobreza que tenía en 1999. Las simulaciones basadas en el desempeño histórico de los países causaron preocupación.

Si se toman en cuenta las tendencias actuales, sólo 7 de los 18 países —Argentina (antes de la crisis financiera), Chile, Colombia, Honduras, Panamá, República Dominicana y Uruguay —alcanzarán en 2015 los objetivos relacionados con la pobreza. Otros seis —Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua— lograrán, de manera muy lenta, reducir la incidencia de la pobreza extrema. Los otros cinco — Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela— seguramente aumentarán sus niveles de extrema pobreza a causa del aumento de las desigualdades en los ingresos, de la disminución del ingreso o de ambos factores combinados.

El estudio PNUD/CEPAL/IPEA también incluye simulaciones basadas en un escenario alternativo en el que las disparidades de los ingresos se reducen por medio de políticas de intervención. Esto crea un optimismo condicionado. Según el estudio, los objetivos de reducción de la pobreza son muy viables. Las reducciones muy pequeñas en las desigualdades pueden tener un gran impacto positivo en términos de disminución de la pobreza. Sin embargo, para que esto ocurra, los países deben demostrar la voluntad política para ejecutar políticas que contrarresten las tendencias históricas —en especial en relación con la búsqueda de una distribución más equitativa del ingreso.

La segunda meta del Objetivo 1 es reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el número de personas que sufren de hambre. Entre los indicadores pertinentes están el porcentaje de niños menores de 5 años con bajo peso (un indicador de malnutrición) y el porcentaje de la población cuya ingesta de calorías está por debajo del consumo mínimo recomendado. Algunos estudios econométricos realizados con motivo de los informes continuos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio muestran que el primer indicador está relacionado con variables de políticas como el número de controles durante el embarazo, el grado de instrucción de la madre, la cantidad de personas económicamente activas en el hogar y el acceso a los servicios de electricidad y saneamiento. Las variables clave relacionadas con el déficit de calorías son el total del gasto familiar, la disponibilidad de programas de alimentación complementaria (como el desayuno escolar y los comedores públicos) y el número de miembros de la familia económicamente activos.

Tres de los ocho objetivos se refieren en forma explícita a temas de salud: reducción de la mortalidad infantil, mejoramiento de la salud materna y lucha contra el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades. El primero, la mortalidad infantil, está muy vinculado con la pobreza. Un gran número de las muertes de niños menores de 5 años son resultado de la malnutrición, las infecciones respiratorias agudas, la diarrea, el sarampión y la malaria, o una combinación de éstos. A nivel mundial, sólo una minoría de los países en desarrollo está en condiciones de reducir la mortalidad infantil en dos terceras partes, según lo establece la Meta 5. Sin embargo, muchos países de América Latina y el Caribe están en vías de lograr la meta y otros ya lo han hecho.

El éxito en este ámbito exige la superación de las barreras económicas, sociales y culturales que obstaculizan el acceso de las embarazadas a los servicios de salud. Un estudio reciente realizado en Perú por la Universidad del Pacífico reveló que la mortalidad infantil está en estrecha relación con el número de consultas preventivas, el porcentaje de niños inmunizados contra el sarampión, los logros educativos de la madre, la calidad del agua potable y de los servicios de saneamiento, así como la calidad de la infraestructura de salud. Otras variables similares están relacionadas con la mortalidad infantil, es decir, el deceso de niños antes de cumplir el primer año de vida, y todas ellas están relacionadas con factores socioeconómicos, familiares y de conducta.

Otro estudio reciente, elaborado en Ecuador, reveló que en comparación con otros niños, los niños indígenas no tienen más probabilidades de morir antes de cumplir un año si se controlan las variables socioeconómicas, entre otras. Los factores de mayor peso son los que limitan el acceso a la asistencia médica durante el parto.

El mismo estudio analizó el Objetivo 5, que plantea una reducción del 75% de la mortalidad materna en 2015. Algunas variables de políticas aparecieron como significativas, entre ellas el nivel de instrucción, el número de embarazos, la calidad de los servicios de salud al alcance de las madres, la disponibilidad de servicios residenciales básicos, la atención de salud recibida durante el embarazo y el posparto, así como la cobertura de seguro.

Este tipo de investigación ayuda a identificar las variables que influyen en los resultados de los objetivos y sugiere las políticas que pueden corregirlas. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, un estudio revela que el mejoramiento del acceso a la atención maternoinfantil —por medio de vacunas, control prenatal y parto asistido por profesionales— es fundamental para la reducción de la mortalidad infantil. El mismo estudio sugiere que el financiamiento de las reformas necesarias sólo consumirá por año un 0,1% del PIB.

Lo que se necesita, según el estudio, es reorientar el presupuesto de salud pública, profundizar el programa de inmunización para lograr una cobertura completa, ampliar los servicios gratuitos de salud materna y optimizar el uso de los recursos disponibles para personal e infraestructura.

La Declaración del Milenio deja en claro que los mismos países en desarrollo tienen la principal responsabilidad en lograr los siete primeros objetivos. Pero estos marcos también comprenden un nuevo enfoque, según el cual los países desarrollados amplían su apoyo a través del aumento de la asistencia financiera, concesiones comerciales y más alivio de la deuda, a cambio de que los países en desarrollo demuestren su buena voluntad para movilizar recursos nacionales, llevar a cabo las reformas de políticas y mejorar la gobernabilidad.

El logro del Objetivo 8 —forjar una alianza mundial para el desarrollo— es la clave para alcanzar el éxito en todos los demás objetivos. Desde que se suscribió la Declaración del Milenio se intensificaron las promesas a los países que estaban en situaciones de poscrisis y gracias a la iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) se aumentó el alivio de la deuda y se firmaron nuevos acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual en las áreas de tecnología y salud pública.

Sin embargo, hubo más promesas que logros. Los países desarrollados hicieron muy poco para mejorar el acceso a sus mercados o impulsar la inversión en los países pobres. Otros obstáculos importantes para el progreso en estos ámbitos son la guerra de Irak, la lenta recuperación de la economía mundial y la persistencia de enfermedades mortales que aumentan la presión sobre las economías en desarrollo.

La leve recuperación de América Latina y el Caribe en 2003, y en lo que va de 2004, sugiere que la economía regional podría estar entrando en un nuevo ciclo de expansión. A pesar de que la reanudación del crecimiento en la región es bienvenida, quizá no sea suficiente. La recuperación en América Latina y el Caribe no sólo debe ser sostenible: debe estar acompañada por la consolidación de las instituciones instituciones democráticas y por políticas para combatir la pobreza y la desigualdad y mejorar la educación, la salud, el medio ambiente y la equidad de géneros.

En forma paralela, los países desarrollados deben cumplir sus obligaciones según lo pautado en el Objetivo 8 mediante un entorno internacional adecuado y su apoyo a los esfuerzos reales de los países pobres en pro del desarrollo humano.

Son todos desafíos intimidantes y aún queda mucho por hacer. Pero los objetivos, con su respaldo político sin precedentes, representan una oportunidad para forjar una alianza nueva y eficaz entre los países ricos y los pobres, que puede ser fructífera en la construcción de un mundo mejor para todos. Como se enuncia en la Declaración del Milenio, el logro de estos objetivos es la responsabilidad colectiva que tiene esta generación con "toda la gente del mundo, en especial con los más vulnerables y, en particular, con los niños, a quienes pertenece el futuro".

Elena Martínez es directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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