Esta definición incluye:

• La capacidad institucional para desarrollar el marco reglamentario con el fin de proteger la salud pública y fiscalizar su cumplimiento.

• La capacidad de generar nuevas leyes y reglamentos dirigidos a mejorar la salud de la población, así como a fomentar el desarrollo de entornos saludables.

• La protección de los ciudadanos en sus relaciones con el sistema de salud.

• La ejecución de todas estas actividades para asegurar el cumplimiento de las normas de manera oportuna, correcta, congruente y completa. 
 

Indicadores:

1. Revisión periódica, evaluación y modificación del marco regulador.

2. Hacer cumplir las normas de salud.

3. Conocimientos, aptitudes y mecanismos para revisar, perfeccionar y hacer cumplir el marco regulador.

4. Asesoría y apoyo técnico a las instancias subnacionales de salud pública en la generación y fiscalización de leyes y reglamentos.

FESP 6: Resultados de la Medición en la Región de LAC

En general, el desempeño de la mayor parte de los países respecto de esta función se ubica en un nivel intermedio inferior, con una mediana de 0.47 y con un comportamiento bastante homogéneo.

 Con excepción del mejor desempeño respecto del desarrollo de marcos reguladores para la salud pública (indicador 1), los demás indicadores se encuentran en niveles de desempeño bajo, especialmente en lo que se refiere a hacer cumplir las normas (indicador 2).

La legislación sanitaria es un instrumento para la aplicación de las políticas en materia de salud en el marco de las funciones del estado y su relación con la sociedad civil. Por ello, los esfuerzos que los países han realizado hacia la reformulación de los marcos jurídicos existentes, para reglamentar los deberes y derechos relativos a la salud, son un desafío a la ASN en cuanto a facilitar el ejercicio efectivo de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y los deberes del estado y del sector privado en relación con la salud. El grado de variación en los resultados obtenidos para cada país muestra una menor dispersión en las debilidades relacionadas con hacer cumplir las normas (indicador 2), así como en el desempeño asocaido al marco normativo (indicador 1). El mayor índice de variación se observa en el apoyo a las instancias subnacionales. Esto lleva a la conclusión que la debilidad en hacer cumplir las normas es común a la mayor parte de los países. Aunque para algunos constituye una fortaleza la existencia de las competencias y aptitudes institucionales, así como en el apoyo a los niveles descentralizados, hay países para los cuales estas áreas siguen siendo críticas.


Las principales características que presenta el desempeño de esta función en la región son:

• La mayor parte de los países cuentan con personal competente, conocedor de los procedimientos legislativos y reguladores en materia de salud pública, tienen suficiente asesoría de los organismos internacionales en estas materias y poseen competencias y recursos institucionales suficientes para elaborar normas en materia de salud.

• Los países realizan actividades de revisión de las normas existentes para la generación y modificación de proyectos de ley; sin embargo, solo el 11 por ciento de los países participantes señala que lo hace de manera oportuna (anticipando problemas) y un 24 por ciento que lo hace periódicamente. Más bien se actúa como reacción a presiones externas a la ASN, tanto de los gobiernos como de otros actores.

• La ASN lidera los procesos de modificación del marco regulador, ofreciendo asesoramiento directo a los legisladores y abogando con actores pertinentes que hagan posible las modificaciones legales sugeridas.

• Si bien la mayor parte de los países identifican a los responsables de la fiscalización, solo el 30 por ciento de ellos señalan que supervisan los procedimientos de fiscalización y un porcentaje inferior efectúan el seguimiento de la oportunidad y la eficacia de la fiscalización realizada. El 80 por ciento no supervisa el abuso, o mal uso, de la autoridad en que pudieran incurrir los organismos de fiscalización y en general, los países no cuentan con sistemas de incentivos para que el personal haga buen uso de la autoridad.

• El 51 por ciento de los países aseguran tener mecanismos para educar a la población respecto de la importancia de cumplir las normas vigentes y solamente el 11 por ciento cuentan con incentivos dirigidos a favorecer que las cumpla la población. Otra área crítica es la relativa al fomento de planes y acciones para evitar la corrupción. Aunque en algunos países hay medidas al respecto, no se las evalúa y menos se contempla acciones destinadas a evitar la intervención de grupos de poder.

• El 46 por ciento de los países cuentan con sistemas de advertencia y castigo de las prácticas ilegales y éstos son  conocidos por la población en el 35 por ciento de ellos. En general, los países no cuentan con personal ni recursos suficientes para desarrollar las accciones de fiscalización, lo que hace de ésta la principal área crítica de la Región de las Américas en cuanto al desempeño de esta función. A pesar que se orienta al personal nuevo en materias de fiscalización y se ofrece cursos de formación, sólo el 24 por ciento de los países aseguran la preparación continua en la materia. El 40 por ciento de los países señalan que evalúan su capacidad de formación.

• En la mayor parte de los países, se apoya a las instancias subnacionales en la implantación de procedimientos de fiscalización y en operaciones de fiscalización complejas. Sin embargo, no se evalúa periódicamente la asistencia técnica entregada y no se apoya a las instancias subnacionales para que contaran con conocimientos sobre el desarrollo de normas locales.