SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

 

SITUACIÓN GENERAL Y TENDENCIAS

Contexto socioeconómico, político y demográfico

San Vicente y las Granadinas se encuentran en el extremo meridional de las Islas de Barlovento, entre Santa Lucía y Granada. El país comprende la isla de San Vicente y siete islas e islotes habitados más pequeños que, en conjunto, constituyen las Granadinas; su superficie total es de 388 km².

El Documento de Estrategia de Desarrollo a Mediano Plazo (1996–1999) establece las políticas y los arreglos de ejecución pertinentes del Gobierno, destinados a lograr el crecimiento económico y el desarrollo social sostenibles para la nación. Los principios rectores que se han definido son la equidad, la prestación de servicios esenciales a todos los ciudadanos, el mantenimiento de un ambiente en el que todos los ciudadanos puedan alcanzar su pleno potencial y la promoción del empleo.

La estrategia a mediano plazo acentúa la mejora de la producción de banano y la diversificación de la agricultura, el apoyo al desarrollo del sector privado, la expansión del turismo, la mejora de la administración fiscal y la reforma presupuestaria, la prestación de servicios del sector público con más eficiencia y eficacia, la continuación del desarrollo de los recursos humanos y la resolución de los problemas ambientales de una forma más intensiva.

El PIB real creció a una tasa promedio anual de 3,5% durante 1992–1995 y la mayor parte del aumento ocurrió en 1992 y 1995. El deterioro de la economía durante 1993 y 1994 se ha atribuido a los desajustes del mercado de exportación de banano y a una baja de la producción causada por la sequía; durante esos años, el turismo cobró importancia y generó ingresos superiores a los provenientes del banano. El PIB per cápita en 1995 fue de US$ 1.987, lo que representa una recuperación con respecto al período de estancamiento del crecimiento del PIB per cápita en 1993 y 1994.

En el informe de evaluación de la pobreza en San Vicente y las Granadinas publicado en 1996 se examinó la naturaleza, el alcance, la concentración geográfica, la gravedad y las causas de la pobreza en 13 comunidades seleccionadas. Se determinó que 41,9% de la población estudiada eran pobres. Además, 30,5% de las familias y 36,2% de la población se consideraban indigentes. Tres de cada diez trabajadores se encontraban en el sector informal, donde el trabajo era irregular y los rendimientos económicos eran inestables.

En el informe del censo de población y vivienda de 1991 se estimó la tasa de desempleo en 19,8%. Inmediatamente antes del censo de 1991, 22,8% de la población empleada trabajaba en el sector agropecuario, 15,5% en el comercio al por mayor y al por menor, 10,8% en la construcción y 8,4% en las manufacturas. Los mayores índices de desempleo correspondieron a los sectores de industria de la construcción (32,2%), el comercio al por mayor y al por menor (10,9%) y la agricultura (10,8%).

Aunque la educación no es obligatoria, casi toda la población de 5 a 15 años de edad asiste a la escuela (95,3%). La mayoría de la población nacional no había alcanzado más que el nivel primario o básico (66,9%), 18,5 % había avanzado al secundario y 2,4% había alcanzado el nivel de formación profesional terciaria y universitaria; la población restante (cerca de 10%) carecía de educación formal y debe considerarse analfabeta funcional.

El informe del censo de población y vivienda de 1991 mostró que había 27.002 familias en el país. El informe de evaluación de la pobreza de 1996 reveló que las condiciones de la vivienda eran deficientes en algunas comunidades, pero también mostró que casi todas las casas eran de propiedad privada.

El informe del censo de población y vivienda de 1991 citó un recuento final de 106.499 habitantes, lo que indica una tasa promedio de crecimiento anual de 0,8% desde el censo anterior, realizado en 1980. Desde entonces, las estimaciones de población de mitad de año han sido de 108.965 habitantes en 1992 y de 110.723 en 1995, cifras que representan una tasa promedio de crecimiento anual de 0,4 % entre 1992 y 1995, o sea alrededor de 50% de la tasa registrada en el decenio anterior. Una cuarta parte de la población (25,7%) vive en la capital, y sus suburbios, y puede considerarse urbana; más de 90% de la población reside en San Vicente. El promedio de emigración neta anual entre 1992 y 1995 se ha fijado en 947 personas.

La población es relativamente joven: en 1995, 37,2% era menor de 15 años. Solo 6,5% de la población pertenece al grupo de 65 años y más. Juntos, esos dos grupos representan 43% de la población, lo que indica una marcada razón de dependencia. La composición por sexo es pareja. La esperanza de vida al nacer se ha fijado en 70 años, desagregada en 65 años para los hombres y 72 para las mujeres. En los últimos años, la tasa bruta de natalidad ha mostrado solamente una baja marginal, de 24,7 por 1.000 habitantes en 1992 a 23,6 en 1995. No se ha observado ningún cambio de la fecundidad total y se notificó una tasa de 2,8 niños por mujer en 1992 y 1995. No hay subregistro de los nacimientos.

Mortalidad

La tasa bruta de mortalidad en el período 1992–1995 fue de 6,5 por 1.000 habitantes, con leves variaciones interanuales.

El número de defunciones de lactantes alcanzó un promedio de 42 en el período 1992–1995 y la tasa de mortalidad infantil varió ligeramente de 14 a 18 por 1.000 nacidos vivos. Cabe señalar que en 1995 ocurrieron 35 defunciones de niños menores de 1 día, cifra que representa 83% de las defunciones infantiles.

Las causas predominantes de muerte se relacionaron con las enfermedades del sistema circulatorio y representaron un total acumulativo de 1.058 defunciones (38,8% de las atribuibles a causas definidas) durante el período 1992–1995. Dentro de ese grupo de causas, 423 defunciones fueron ocasionadas por enfermedades del corazón (CIE-9, 410–429), 289 por enfermedad hipertensiva (401–405) y 264 por enfermedad cerebrovascular (430–438). Los tumores malignos ocuparon el segundo lugar entre las principales causas de defunción, con 418 defunciones (15,4%), seguidos por las causas externas, con 196 (7,2%), y por las afecciones originadas en el período perinatal, con 147 (5,4%). Hubo un total acumulativo de 132 defunciones, equivalentes a 4,6% del total, que se asignaron a defunciones por causas mal definidas (780–799). Se ha notificado que hay un registro completo de todas las defunciones.

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE SALUD

Análisis por grupos de población

La salud del niño y del adolescente

En el Plan Nacional del Sector Salud 1991–1995, los niños se han citado como uno de los grupos vulnerables del país que merecen atención especial. Como resultado, se han institucionalizado varios programas especializados para niños pequeños dentro del sistema de atención de salud, incluso programas de atención prenatal de las mujeres que utilizan protocolos establecidos, clínicas especiales de salud infantil que ofrecen servicios completos de evaluación e inmunización, educación continua de los padres de familia y los guardianes, y atención de seguimiento en la comunidad.

La cobertura de inmunización contra las enfermedades comunes de la niñez se ha acercado a 100% por muchos años; como consecuencia, no hubo casos confirmados de tétanos, difteria ni tuberculosis en el grupo menor de 5 años de edad entre 1992 y 1995. Casi todas las defunciones de niños de 0 a 9 años de edad ocurrieron en el primer año de vida. En 1995 hubo 47 defunciones de niños menores de 1 año. Las principales causas de defunción son las afecciones originadas en el período perinatal (24 defunciones) y las anomalías congénitas (18 defunciones). Casi todos los recién nacidos pesan por lo menos 2.500 g al nacer, pero un promedio anual de 2,1% muestran algún grado de insuficiencia de peso al nacer.

Aproximadamente 90% de los niños menores de 5 años gozan de un estado nutricional satisfactorio en lo que respecta al peso para la edad, según lo establecido en la ficha del crecimiento recomendada por el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI). Con todo, un promedio anual de 5,7% sufre desnutrición y la mayoría está dentro de la categoría de desnutrición moderada. Aunque se han observado mejoras de ese índice entre 1992 y 1995, el grado de desnutrición sigue siendo inaceptablemente alto. Además, la obesidad ha mostrado un aumento gradual pero constante de 3,8% en 1992 a 4,7% en 1995.

La salud de la mujer

De 1992 a 1995, 22% de todos los nacimientos ocurrieron, en promedio, en mujeres adolescentes y 9%, en mujeres de 35 a 49 años de edad. Puesto que los embarazos de alto riesgo comprenden casi 30% del total de los nacimientos, se ha introducido un programa de educación para la salud y la vida familiar en las escuelas primarias y secundarias y se han establecido centros de orientación para los jóvenes así como programas de capacitación en oficios prácticos.

Las mujeres en edad de procrear (de 15 a 44 años de edad) son uno de los grupos prioritarios escogidos por el Gobierno para recibir atención especial. Se ha establecido una amplia gama de programas que prestan atención prenatal y posnatal, servicios de planificación familiar y atención médica general a la mujer.

El protocolo que rige la prestación de servicios de salud maternoinfantil estipula un mínimo de seis exámenes prenatales. Los registros indican que 82% de las mujeres embarazadas cumplen actualmente con ese criterio. Casi todas las madres y los niños reciben como mínimo tres exámenes posnatales en los 10 días siguientes al parto. En 1995, 7,0% de todas las mujeres embarazadas que acudieron a su primera consulta prenatal tenían concentraciones de hemoglobina inferiores a 10 gramos. Se observaron concentraciones idénticas en las mujeres examinadas a las 32 semanas y en consultas repetidas durante el embarazo. En realidad, la anemia del embarazo se ha citado como uno de los principales motivos de preocupación de las pacientes obstétricas internadas en el Hospital General de Kingstown; se examinó a 2,0% de un total de 12.290 mujeres internadas por ese problema en el pabellón de maternidad en el período 1992–1995. Otros problemas de importancia fueron el aborto (3,6% del total de internaciones), el parto prematuro (1,8%), la preclampsia (1,5%) y la hemorragia posparto (1,4%).

El Plan Nacional del Sector Salud (1991–1995) se ha comprometido a aumentar el número de partos atendidos en el nivel distrital, fuera del Hospital General de Kingstown. Con ese fin, en 1993 se hicieron varias mejoras al Centro de Salud Barrouallie para convertirlo en unidad de maternidad. No obstante, en 1992 se atendieron solo 20% de los nacimientos en los distritos y esa cifra aumentó apenas a 23% en 1995.

Los registros en 1995 muestran que 10.458 mujeres (39,4% de las mujeres en edad de procrear) usaban métodos de planificación familiar. Cuatro de las siete defunciones atribuidas a causas maternas ocurrieron en 1994.

El informe del censo de población y vivienda de 1991 mostró que 9.040 (33,5%) de todas las familias de progenitores solteros con uno o más hijos estaban encabezadas por mujeres. Cerca de 90% de esas mujeres no se habían casado nunca y 36,3% tenían la responsabilidad de cuatro o más hijos.

La salud del adulto y del adulto mayor

En 1995, 23,6% del total de las defunciones ocurrieron en el grupo de 20 a 59 años de edad. De las 179 defunciones producidas en ese grupo de edad, las principales causas fueron los tumores malignos, las enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabolismo y los trastornos de la inmunidad.

En 1995, 8,9% de la población pertenecía al grupo de 60 años y más. Las principales causas de enfermedad y defunción en este grupo de edad han sido las enfermedades hipertensivas, los tumores malignos y los accidentes cerebrovasculares.

El Gobierno administra una institución geriátrica de 120 camas, en la que se presta sobre todo atención general. La política actual fomenta la atención extrainstitucional del adulto mayor, y se ha establecido un grupo especial de trabajo para determinar la gravedad de los problemas de esa población, indicar las respuestas apropiadas y adoptar métodos integrales de atención.

No hay servicios de salud especializados para los adultos mayores, aunque existen disposiciones legales para eximirlos del pago de las tarifas cobradas a los usuarios. Los adultos mayores también son los principales beneficiarios de las consultas clínicas regulares para diabéticos que se atienden en todos los centros de salud.

Toda la población tiene acceso a la atención de salud por medio del sistema de prestación de servicios generales de salud, que comprende servicios de salud maternoinfantil y de diagnóstico de nivel primario, y todos los servicios disponibles de atención secundaria. Por ley, los servicios de atención prenatal y posnatal y de planificación familiar se prestan gratuitamente, y los niños menores de 17 años están exentos del pago de tarifas.

Dos instituciones prestan servicios a los discapacitados. Con miras a modernizar los programas, se han evaluado continuamente las discapacidades de los niños que acuden a esas instituciones, de conformidad con los criterios internacionales. En 1995, 18 de un total de 94 niños matriculados tenían deficiencias auditivas; 3, deficiencias visuales; 32, retraso mental; 7, discapacidad física; 6, autismo, y 28, trastornos del aprendizaje. Por ley, todos los estudiantes que asisten a esas instituciones deben estar completamente inmunizados contra las enfermedades comunes de la infancia. También se hacen exámenes médicos regulares a todos los estudiantes, en colaboración con el sistema de prestación de servicios de salud pública.

Análisis por tipo de enfermedad o daño

Enfermedades transmisibles

Las enfermedades infecciosas se han reducido. Las enfermedades infecciosas ocuparon el octavo lugar entre las 10 causas principales de defunción entre 1992 y 1995, y solamente las infecciones de la piel estuvieron entre los principales motivos de consulta. La gastroenteritis, representó apenas 1,2% de las 677 consultas médicas hechas en 1995.

Enfermedades transmitidas por vectores. El dengue y la leptospirosis han sido las dos enfermedades transmitidas por vectores de importancia para la salud pública. En 1995 se notificaron 224 casos de dengue, de los cuales se confirmaron 115 con diagnóstico de laboratorio. La prevalencia relativamente alta del mosquito Aedes aegypti indica la gravedad del problema: en 1995 se notificó un índice de infestación de viviendas de 16,5%, un aumento en relación con 14,8% notificado en 1992. Además, el índice de Breteau fue, en promedio, 27,7 durante el período 1992–1995. Ambos índices son mucho mayores que el margen de seguridad de 1% de infestación establecido por la OPS. La leptospirosis ha vuelto a San Vicente y las Granadinas en un lapso muy breve. La enfermedad fue insignificante al comienzo del decenio, pero ya en 1995 había 42 casos presuntos, con 13 confirmados y 3 defunciones.

Tuberculosis. Los nuevos casos de tuberculosis alcanzaron un promedio de siete entre 1992 y 1995, con un pico máximo de 13 nuevos casos diagnosticados en 1993, el mayor número de casos registrados en cualquier año en más de un decenio. Se registró un promedio anual de dos defunciones por esa enfermedad en el período. La incidencia de tuberculosis ha sido mayor en las personas de 40 a 54 años de edad.

Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. A fines de 1995 se había confirmado en el laboratorio un total de 182 casos de infección por el VIH desde que se registró el primero en 1984; de ese número, 73 pacientes tenían casos activos de sida y 71 habían muerto. Se confirmaron 16 nuevos casos de infección por el VIH en 1992, 27 en 1993 y 26 tanto en 1994 como en 1995. Hubo 7 nuevos casos de sida en 1992, 8 en 1993, 15 en 1994 y 6 en 1995. En San Vicente y las Granadinas, la tasa de letalidad en pacientes de sida es de 94%; alrededor de 75% de las personas infectadas pertenecen al grupo de 25 a 44 años de edad, y las más afectadas son las del grupo de 25 a 29 años (25,4%); la transmisión heterosexual (59%) es la principal forma de propagación y sólo 1,9% corresponde a transmisión vertical; se desconoce la proporción de la transmisión del VIH por medio del uso de drogas inyectadas por vía intravenosa y por transfusión sanguínea.

Enfermedades no transmisibles y otros problemas relacionados con la salud

Del total de 56.131 consultas médicas realizadas en 1995, los principales diagnósticos de enfermedades no transmisibles fueron los problemas osteomusculares (11,4%), la hipertensión (10,5%), la artritis (6,2%) y la diabetes (6,0%). Por ende, las enfermedades crónicas aún predominan entre las principales causas de morbilidad.

Diabetes e hipertensión. Se desconocen las tasas de prevalencia de diabetes e hipertensión. Sin embargo, los registros muestran que en 1995 había un total conjunto de 5.863 personas que sufrían de esas afecciones. De esa cifra, 1.280 (21,8%) tenían diabetes, 3.589 (61,2%) hipertensión y 994 (17%) ambas enfermedades. En todos los centros de salud se atienden consultas clínicas especiales semanalmente para las personas con esas afecciones.

Tumores malignos. Los tumores malignos están entre las principales causas de muerte registradas en San Vicente y las Granadinas y causaron 411 defunciones en el período 1992–1995 (103 en 1992, 99 en 1993, 103 en 1994 y 106 en 1995). Los principales sitios afectados por cáncer fueron el aparato digestivo y el peritoneo (127 defunciones en el período); el aparato genitourinario (114 defunciones); el tejido linfático y hematopoyético (47 defunciones); los huesos, el tejido conjuntivo, la piel y las glándulas mamarias (43 defunciones), y el aparato respiratorio y los órganos intratorácicos (31 defunciones). Existen servicios de detección de cáncer del cuello uterino a disposición de todas las mujeres en los sectores público y privado. En el período 1992–1995 se analizó un total de 12.612 frotis de Papanicolaou, con los siguientes resultados: cáncer invasor, 15; cáncer in situ estadio III, 48; cáncer in situ estadio II, 84; cáncer in situ estadio I, 180; el resto fue normal.

Trastornos del comportamiento. Las estadísticas de actividad del Centro de Salud Mental, el único hospital psiquiátrico del país que también sirve de residencia para el tratamiento del abuso de drogas, indican que el abuso de sustancias (48,9%), la psicosis provocada por fármacos (21,3%) y la esquizofrenia (20,8%) fueron las principales causas de ingreso entre 1992 y 1995, lo que representa 91% de las 1.199 hospitalizaciones registradas en el período 1992–1995; el retraso mental, la epilepsia y la psicosis maniacodepresiva representaron 2,4%, 2,2% y 1,3%, respectivamente.

En lo que respecta a la salud mental de la comunidad, se hizo un promedio anual de 1.040 visitas domiciliarias de seguimiento a los pacientes ambulatorios y la asistencia a los servicios ambulatorios alcanzó un promedio anual de 3.029 consultas; la finalidad de las mismas fue realizar una evaluación psiquiátrica continua de todos los pacientes egresados, renovar o cambiar los medicamentos y ofrecer servicios de consulta al personal de la comunidad. Esas evaluaciones comunitarias son realizadas por un equipo básico una vez al mes. En 1995 había 1.241 pacientes activos en el registro de salud mental de la comunidad. Los registros de ingreso del Centro de Salud Mental correspondientes al período 1992–1995 indican que de 587 pacientes internados por abuso de sustancias, 47,5 % usaban marihuana; 27,7% cocaína, y 24,8% alcohol. Alrededor de 91% de todos los pacientes internados por abuso de sustancias eran hombres, y se demostró que el grupo de edad más vulnerable era el de 15 a 29 años y que 63% de todos los ingresos correspondían a esa categoría.

Accidentes y violencia. Hubo 196 defunciones por causas externas (accidentes y violencia) en 1992–1995: los accidentes de transporte causaron 30 defunciones (15,3%), los homicidios y las lesiones intencionalmente infligidas por otros, 35 (17,8%); el suicidio y las lesiones autoinfligidas, 22 (11,2%), y otras clases de violencia, 55 (28,1%). El último grupo comprende defunciones causadas por lesiones de las que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas. En 1994 se estableció un Comité Nacional contra la Violencia para educar al público sobre todas las formas de violencia, especialmente la doméstica; ofrecer apoyo social y psicológico a las víctimas de la violencia y a sus familias, y mantener una base de datos sobre todos los aspectos de la violencia.

Salud oral. Los servicios de salud oral administrados por el Estado prestan atención de salud oral de buena calidad y de costo módico a la población, particularmente a los niños de edad escolar. El número de consultas otorgadas aumentó 11,9% (de 69.124 en 1992 a 77.381 en 1995). En promedio, 35% de esas consultas fueron para extracciones, que se redujeron 6% en el período, mientras que el número de restauraciones aumentó 8%. En 1993 se completó una encuesta del estado de la salud dental de los niños de edad escolar, con asistencia de la OPS. La encuesta reveló que 69% del total de los niños de edad escolar (de 5 a 15 años de edad) estaban afectados por caries dentales. El otro problema grave fue el cálculo dental, que afectó a 20% de la población entrevistada. Se ha logrado introducir el tratamiento con fluoruro en las escuelas primarias. En la actualidad, los niños menores de 16 años que acuden a los dispensarios de atención dental reciben tratamiento tópico con gel de fluoruro. No hay fluoruración del sistema comunal de abastecimiento de agua.

 

LA RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD

Políticas y planes nacionales de salud

La estrategia general de crecimiento económico del Gobierno, según se explica en el Plan Nacional de Desarrollo 1991–1995, se concentra en incrementar el rendimiento y mejorar la productividad, sobre todo en los sectores de agricultura, turismo, educación y salud.

La política de desarrollo social del Gobierno se concentra en la necesidad de promover la autosuficiencia de los grupos desfavorecidos; por ejemplo, alentando a la comunidad a trabajar en conjunto para resolver sus propios problemas. En ese sentido, se han realizado actividades en los sectores de agricultura, salud, educación, vivienda y desarrollo comunitario.

Según el Plan del Sector Salud 1991–1995, el Gobierno considera el acceso a la atención de salud como un derecho humano básico y una parte integral del desarrollo nacional, y reconoce que todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar a título personal y como colectividad en la planificación, ejecución y evaluación de sus servicios de atención de salud en todos los niveles; que no se puede lograr salud solo con el esfuerzo del sector salud, sino que debe haber estrecha colaboración con los demás sectores, y que los recursos nacionales han de emplearse siempre al máximo y de la mejor forma posible para promover la salud y el desarrollo. En ese sentido, el Gobierno se ha comprometido a prestar servicios de atención de salud integrales y de costo accesible en los niveles primario, secundario y terciario; a facilitar la colaboración intrasectorial e intersectorial para prestar atención de salud a la población; a fortalecer los vínculos con la comunidad, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales; a instituir los mecanismos de reglamentación necesarios para garantizar la disponibilidad de atención de salud de buena calidad, y a establecer sistemas de administración dinámicos que faciliten la prestación de atención de salud eficaz y eficiente.

Los principales campos de desarrollo en salud en los que trabajó el Gobierno en el período 1991–1995 fueron educación sanitaria y promoción de la salud; prevención y control de las enfermedades; salud maternoinfantil, incluida la planificación familiar; fortalecimiento de los servicios de salud ambiental; desarrollo continuo de los servicios de atención comunitaria y hospitalaria; fortalecimiento de la administración de las existencias de productos farmacéuticos; prevención y control del abuso de drogas; fortalecimiento de los sistemas de información de salud, y reforma de la legislación sanitaria.

Como parte del empeño puesto en lograr acceso universal a la atención de salud, el Gobierno ha identificado a las madres y los niños, los pobres y los adultos mayores como grupos vulnerables que necesitan especial atención. Como resultado, se han enfocado varios servicios en las mujeres y los niños y se han hecho concesiones a los pobres, los adultos mayores y los desempleados para que tengan acceso a los servicios de atención de salud.

Desde 1991 el Gobierno ha seguido una política de reformas del sector salud con objeto de incrementar la eficiencia del uso de recursos y mejorar la recuperación de costos dentro del sistema. Las reformas han entrañado el establecimiento de nuevas estructuras administrativas y la modernización de los sistemas existentes para fomentar una mayor responsabilidad; también se introdujeron iniciativas en materia de legislación para ajustar las tarifas cobradas a los usuarios. En 1994 terminó un examen de los sistemas de administración del sector salud, conducente a introducir cambios en la estructura orgánica y las relaciones funcionales. El proceso llevó a crear un comité de administración de alto nivel y a adoptar protocolos para orientar la prestación de servicios y nuevos formularios y programas de notificación.

Organización del sector salud

Los servicios de salud de San Vicente y las Granadinas se ofrecen básicamente en los niveles primario y secundario; al menos dos instituciones importantes prestan apoyo social y atención de salud. En el nivel primario de atención, prestan servicios 38 centros de salud distribuidos en una zona de 9 distritos sanitarios. Cada centro de salud está dotado de una enfermera obstétrica de distrito, de dedicación exclusiva, un ayudante de enfermería y un auxiliar de salud comunitaria. Prestan apoyo otros miembros del equipo distrital de salud, como el médico de distrito, el farmacéutico y los funcionarios encargados de la salud ambiental.

En promedio, cada centro de salud cubre a una población de 2.900 habitantes y no se exige a nadie que viaje más de 5 km en busca de atención. Entre los servicios de atención primaria de salud disponibles cabe citar los de atención de urgencias, atención médica, atención prenatal y posnatal, parto, salud infantil (incluida la inmunización), planificación familiar, y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

En el nivel secundario, el Hospital General de Kingstown, con 209 camas, es el único hospital público de referencia para atención de casos agudos, que presta servicios especializados en la mayoría de los principales campos. Cinco hospitales rurales, que en conjunto tienen 58 camas, prestan un mínimo de servicios de atención secundaria para los que no se necesita la intervención de un especialista. Además, hay tres hospitales pequeños de atención de casos agudos, de propiedad y administración privadas, con un total de 24 camas. El Gobierno también administra un centro de salud mental de 120 camas, que atiende casos psiquiátricos agudos y crónicos, y el Hogar Geriátrico, que atiende a la población anciana indigente y sirve de refugio para las personas abandonadas que sufren alguna discapacidad.

Servicios de salud y recursos

Organización de los servicios de atención a la población

Promoción de la salud y participación de la comunidad. La Unidad de Educación Sanitaria se ha convertido en una activa dependencia del Ministerio de Salud y Medio Ambiente; su programa principal comprende actividades de información, educación y comunicación, promoción de la salud y extensión comunitaria. Hasta la fecha se cuenta con programas de capacitación en educación para la salud y la vida familiar para padres, estudiantes, jóvenes que no asisten a la escuela y miembros de la comunidad; programas diarios de radio y televisión, y la producción continua de una amplia gama de materiales audiovisuales y gráficos. La Unidad de Educación para la Salud también coordina actividades
de promoción de la salud.

Está en marcha un experimento para estimular la intervención de la comunidad en la salud mediante la promoción de la participación activa de los miembros de la comunidad en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud. Se facilita la acción comunitaria en el comité o el centro de salud o en el nivel más alto del equipo de salud distrital. Se espera que esta iniciativa estimule una mayor participación de la comunidad en actividades destinadas a cambiar el modo de vida y aliviar los problemas de salud. Aunque con el transcurso del tiempo se ha logrado cierto éxito con este empeño, los resultados han sido variables.

Protección ambiental. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas ha declarado los años noventa como el Decenio del Medio Ambiente. Con ese fin, se ha ampliado la cartera del Ministerio de Salud para incluir al medio ambiente y se ha cambiado su nombre por el de Ministerio de Salud y Medio Ambiente; en 1995 se creó un nuevo cargo de Coordinador de Servicios Ambientales, cuyo titular tendrá la responsabilidad de coordinar todos los planes y actividades nacionales relacionados con la protección y conservación del medio ambiente; en 1995 el Gabinete nombró una Junta Nacional Consultiva en Asuntos Ambientales para asesorar al Ministro sobre políticas y programas de protección ambiental.

Los principales asuntos ambientales escogidos como centro de atención son la protección de la flora y fauna de la nación, la protección de las playas contra la contaminación y la explotación de la arena, el uso controlado de sustancias químicas y plaguicidas, sobre todo en la agricultura, y el manejo apropiado de residuos sólidos y líquidos.

Agua potable, alcantarillado y residuos sólidos. El informe del censo de población y vivienda de 1991 indica que casi la mitad de las familias (47,6%) tienen conexiones del sistema de acueducto comunal en sus viviendas (patio y casa) y otro 29,4% se abastece de fuentes públicas. Eso significa que más de tres cuartas partes de las familias (77%) se benefician de una fuente segura de agua potable. No obstante, cabe señalar que el agua de consumo doméstico de 10,8% de las familias provenía de fuentes sospechosas, como manantiales, ríos, arroyos y otros puntos de captación comunales.

La letrina de pozo sigue siendo la forma predominante de evacuación de aguas negras empleada por las familias (62,3%), seguida del tanque séptico (30,1%). Sin embargo, cabe señalar que el número de familias sin una forma autorizada de evacuación de aguas negras se ha reducido de 8% en 1980 a 3,7% en 1991. Algunas partes de Kingstown, la capital, están conectadas por un sistema comercial de alcantarillado que presta servicios a 3,1% de las viviendas.

En 1995 se prestaba un servicio semanal de recolección de basura a cerca de 64% de las familias, lo que representa una cobertura 16% mayor que la ofrecida entre 1992 y 1995. Ese servicio también se ha ampliado con la distribución generalizada de recipientes para la recolección de la basura en la comunidad, que se vacían cuando es necesario.

San Vicente y las Granadinas participan en el Proyecto de Manejo de Residuos Sólidos realizado por la Organización de Estados del Caribe Oriental y el Banco Mundial. Este proyecto construirá cuatro rellenos sanitarios, dos en San Vicente y dos en las Granadinas, y ampliará el servicio de recolección a toda la nación.

Inocuidad de los alimentos. Se han lanzado amplias campañas de promoción de actitudes y prácticas favorables para el manejo, la preparación, el almacenamiento y la venta de alimentos para consumo humano. Todos los distritos sanitarios realizan regularmente cursos prácticos para los manipuladores de alimentos en los que se les ofrece información y educación, demostraciones, exámenes médicos y, cuando resulta necesario, tratamiento. En 1995 estaban registrados en la administración de salud pública 2.733 establecimientos de manejo de alimentos y 3.655 personas encargadas de manipularlos. No obstante, también hay vendedores ambulantes que trabajan sin instalaciones sanitarias básicas y cuyas actividades están fuera del alcance del reglamento de salud pública.

Salud ocupacional. La Ley No. 24 sobre Accidentes y Enfermedades Ocupacionales de 1952 exige que los empleadores informen al Departamento de Trabajo de cualquier accidente ocasionado por el empleo de cualquier trabajador u ocurrido durante su desempeño, que cause pérdida de vida o discapacidad. En 1995 se notificaron 11 casos de lesiones ocurridas en el trabajo. En estricta interpretación y observancia de la ley, sólo se notifican los accidentes muy graves, y se ha expresado la opinión unánime de que es preciso ampliar la legislación para obligar a notificar todos los problemas de salud y seguridad ocupacionales.

La Ley No. 5 sobre Fábricas promulgada en 1955 reglamenta las condiciones de empleo en las fábricas y otros lugares de trabajo en lo que respecta a la salud, a la seguridad y al bienestar de las personas allá empleadas y permite la inspección de las fábricas, la maquinaria y cualquier insumo. Esta Ley es aplicada por funcionarios encargados de la salud ambiental, quienes trabajan estrechamente con el Departamento de Trabajo, el Congreso de Sindicatos y la Federación de Empleadores.

Preparativos para situaciones de desastre. En el territorio de San Vicente y las Granadinas se encuentra el volcán de La Soufrière, cuya última erupción ocurrió en 1979. Las islas también son vulnerables a tormentas tropicales y huracanes, aunque no han sucedido desastres graves últimamente. Con todo, en el país se tiene conciencia de esa vulnerabilidad y de la necesidad de preparación y vigilancia continuas para situaciones de desastre.

El Comité Central de Preparativos para Situaciones de Desastre, presidido por el Primer Ministro, está formado por cinco subcomités encargados de las actividades de manejo y evaluación de desastres, operaciones de socorro, condiciones de salud e información pública y educación. Todos estos aspectos se abordan en el Plan Nacional de Desastres. El componente de salud establece respuestas para una variedad de desastres; las principales consideraciones son el tratamiento en masa de las víctimas, el saneamiento ambiental, la protección de los alimentos y el abastecimiento de agua potable. En el plan se especifican el equipo y los suministros necesarios que se deben facilitar en los establecimientos de salud periféricos y centrales como respuesta a los desastres.

Organización y funcionamiento de los servicios de atención a las personas

El nivel de ocupación del Hospital General de Kingstown alcanzó un promedio anual de 71% entre 1992 y 1995, o sea un aumento de 2% en relación con el período inmediatamente anterior. Los pabellones más activos han sido los de maternidad, cirugía y medicina, en orden descendente. Después de un nivel de actividad constante entre 1992 y 1994, se registró una baja de 6,2% en el número de ingresos en 1995. Esa baja se observó sobre todo en el pabellón de maternidad y puede indicar que se ha logrado algún éxito en el empeño puesto en fomentar la atención de un mayor número de partos en la comunidad. La utilización del Hospital General también se refleja en la estancia promedio de 6 días en ese período.

Todos los hospitales rurales notifican tasas de ocupación inferiores a 35%, lo que indica un alto grado de subutilización; las razones de tan poca actividad son la falta de instalaciones de diagnóstico (de laboratorio y radiografía) y de atención especializada, situación que se ha sometido a examen. Las principales causas de ingreso en esas instituciones han sido la gastroenteritis y la maternidad.

En contraste, el Centro de Salud Mental funciona con un nivel de ocupación de 120% y el Hogar Geriátrico nunca funciona con menos de la capacidad máxima. En una reciente evaluación de los servicios psiquiátricos en San Vicente y las Granadinas se recalcó la necesidad de fortalecer los programas comunitarios de extensión para concentrarse menos en la atención institucional.

Los servicios comunitarios son la piedra angular del sistema de prestación de atención de salud. Cada año se hacen más de 90.000 consultas a los centros de salud en busca de la gama completa de servicios ofrecidos y los funcionarios de salud de diversas categorías realizan casi 48.000 visitas domiciliarias.

Insumos para la salud

Medicamentos esenciales y otros. San Vicente y las Granadinas son miembros fundadores del Servicio de Medicamentos del Caribe Oriental (ECDS) y, como tales, se benefician de un ahorro promedio de 25% por la adquisición conjunta de productos farmacéuticos y suministros médicos. En los últimos años se ha ampliado la gama de productos cubiertos por el servicio para incluir anticonceptivos, lo que ha redundado en economías aún mayores. Alrededor de 11,8% del presupuesto ordinario total para salud se asigna a la compra de productos farmacéuticos y suministros médicos.

El comité encargado de establecer y actualizar el Formulario Nacional determina la clase de medicamentos disponibles en el sistema de salud pública. El Formulario Nacional está estrechamente vinculado al Formulario Regional establecido por el ECDS.

En 1995 se creó un nuevo cargo de inspector de medicamentos, cuyo titular vigila la ejecución de las disposiciones legales sobre la entrega de medicamentos recetados y el registro y la importación de fármacos. La legislación pertinente se somete actualmente a examen para facilitar el trabajo de ese funcionario.

Recursos humanos

Existen todas las categorías tradicionales de personal de salud, y la mayor proporción corresponde a personal de enfermería, ayudantes de enfermería y médicos. En 1995 había 574 puestos ocupados por personal de salud, de los cuales 53 eran médicos (48 por 100.000 habitantes) y 231 enfermeros capacitados de todas las categorías (141 por 100.000). Ya en 1995 se habían llenado más de 90% de los cargos permanentes previstos en las estimaciones presupuestarias.. En 1996 había poca escasez en los campos de fisioterapia, farmacia y tecnología médica.

Formación del personal de salud. San Vicente y las Granadinas tienen dos instituciones de formación de profesionales de salud: la Facultad de Enfermería, administrada por el Estado, y el Colegio Médico de Kingstown, institución privada extraterritorial, afiliada a la Facultad de Medicina de St. George con sede en Granada. También se forman profesionales de atención de salud en instituciones regionales e internacionales. Además, la importancia dada a la eficiencia y la productividad ha llevado a fortalecer las funciones de administración y supervisión.

Gasto y financiamiento sectorial

Entre 1992 y 1995, el gasto público real en salud alcanzó un promedio de casi 15% del gasto ordinario total. El gasto ordinario real en salud en el cuadrienio fue de US$ 37,46 millones, de un gasto ordinario total de $250,90 millones, y se gastó 4,6% del PIB en salud; en el cuadrienio precedente, el gasto ordinario en salud alcanzó un promedio de 15,4% del gasto ordinario total. La salud ocupa ahora el tercer lugar entre los mayores consumidores del gasto público ordinario, después del servicio de la deuda pública y la educación, en ese orden. Con todo, la salud atrae todavía 40% del total del gasto ordinario en el sector social.

En 1995 el Hospital General de Kingstown recibió 33,7% del gasto total y se mantuvo ese patrón en el período objeto de examen. Aunque la forma de organización de los servicios y de presentación del presupuesto impiden una cuantificación precisa del gasto en atención primaria de salud, se sabe que los centros de salud comunitarios y los servicios afines y los de salud ambiental, en conjunto, reciben una asignación de 29,2% del presupuesto ordinario de salud. Los sueldos del personal de los diversos programas representan 58% del gasto por concepto de salud.

En enero de 1995 el Gobierno promulgó leyes para modificar el programa de cobro de tarifas a los usuarios en el sector público con objeto de incrementar la recaudación de ingresos de 2% a 6% del gasto público real en el sector de salud pública.

En una iniciativa relacionada, en 1995 el Parlamento accedió a introducir un Programa Nacional de Seguro. Un Comité Directivo nombrado por el Gabinete está listo a emprender todo el trabajo básico necesario para establecer este programa. Por último, un conjunto de medidas de reforma del sector busca fortalecer los sistemas de administración general y de suministros, introducir mecanismos de seguimiento de los costos, modificar los procedimientos de ingreso y facturación, y lanzar un programa de educación del consumidor.