Pan American Health Organization

Uruguay

  • Contexto general
  • Principales desafíos de la salud
  • Situación de salud y sus tendencias
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Contexto general

Bandera de UruguayEl Uruguay se sitúa al este de Argentina y al sur de Brasil; tiene una superficie de 176 215 km2 y un área marítima de 205 057 km2. El país tiene una topografía ondulada y clima subtropical húmedo; sus ecosistemas incluyen praderas, costas, humedales, serranías y bosques. El Estado uruguayo es unitario y se encuentra dividido territorialmente en 19 departamentos. Tiene una forma de gobierno democrática republicana, con tres poderes independientes (ejecutivo, legislativo y judicial). Cada departamento tiene un gobierno departamental compuesto principalmente por el Intendente y la Junta Departamental.

Características demográficas

La población estimada para el 2016 fue de 3 444 000 (). Los afrodescendientes fueron la principal minoría étnico-racial del país (8,1%), seguidos por los que declararon ascendencia indígena (5,1%) (). El 95,3% de la población era urbana y se concentraba en Montevideo y el área metropolitana.

El país presenta un proceso de envejecimiento pautado por una baja tasa de natalidad () y un aumento de la esperanza de vida al nacer (80,2 en mujeres y 73,2 en hombres para el quinquenio 2011-2015) (cuadro 1). La población de 65 o más años pasó de representar 7,6% del total en el Censo de 1963, a 14,1% en el Censo del 2011, y la porción de menores de 15 años pasó de 28,2% a 21,8% en el mismo período. Uruguay viene cerrando su bono demográfico y, de aquí a unos años, la tasa de dependencia irá aumentando hacia un nuevo equilibrio, más exigente que el actual (). El crecimiento poblacional anual para el 2016 fue de 0,4 y la tasa global de fecundidad de 2,0 hijos por mujer. En el 2014, la población económicamente activa (PEA) fue de 51,9% (). La figura 1 muestra los cambios en la estructura poblacional de Uruguay entre 1990 y el 2015.

Figura 1. Estructura de población según edad y sexo, Uruguay, 1990 y 2015

Entre 1990 y el 2015, la población aumentó 10,3%. En 1990, la estructura de población presentaba una forma piramidal relativamente estrecha y con grupos etarios que reflejaban una población con mayor esperanza de vida y envejecimiento. En el 2015, la estructura adoptó una forma regresiva, por un aumento más marcado de la fecundidad y menor mortalidad en los últimos 25 años.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, con base en datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. División de Población. Revisión 2015. Nueva York; 2015.

Cuadro 1. Características demográficas, según el sexo, Uruguay, 1996-2015

  Años
  1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011–2015
Indicador Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Población total 1 605 210,00 1 702 992,00 1 619 497,00 1 726 570,00 1 628 894,00 1 742 035,00 1 662 837,00 1 777 164,00
Menores de 15 años (%) 25,90 23,60 25,40 22,90 24,30 21,80 22,70 20,30
Mayores de 65 años (%) 10,00 13,90 10,30 14,50 10,50 14,90 10,70 15,20
Esperanza de vida al nacer 70,40 78,40 71,50 78,90 72,30 79,70 73,20 80,20
  Ambos sexos
Crecimiento anual (%) 0,64 0,01 0,26 0,39
Crecimiento natural (%) 0,78 0,59 0,47 0,39a
Tasa global de fecundidad (hijos/mujer) 2,30 2,10 2,00 1,90
Tasa de natalidad (por 1 000 hab.) 17,10 15,40 14,10 13,50
Tasa de mortalidad (por 1 000 hab.) 9,30 9,40 9,40 9,60

Nota: Elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay. Estimaciones y Proyecciones, 1996-2050. Revisión 2013.
a El INE no presenta datos migratorios para este período, por lo que la tasa de crecimiento anual coincide con la natural.
Fuente: Levcovitz E, Fernández Galeano M, Benia W. Perfil del Sistema de salud. Monitoreo y análisis de los procesos de cambio. Montevideo: OPS; 2016.

Determinantes sociales de la salud

Uruguay se ubica en el lugar 52 del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 2015 (). Desde el 2005, se han aprobado leyes que consagran derechos como la de matrimonio igualitario, despenalización del aborto, ley de cuotas y discriminación positiva para población afrodescendiente en la administración pública. Ese mismo año comenzó un proceso de transformación del sistema de salud que conduciría a la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) (). A lo largo de esta última década (2005-2015), el país ha sostenido un proceso de creciente mejora de la calidad de vida de su población, que se refleja en los indicadores de acceso a bienes y servicios sociales, distribución de la riqueza, empleo, mortalidad infantil y pobreza, entre otros.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), creada por la ley n.º 18 446 en el 2008, representó un avance sustantivo en materia de derechos humanos. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es el principal organismo responsable de las políticas de igualdad de género. No obstante, existen brechas. En la legislatura del período 2015-2020, la representación de mujeres en la vida política del país es de 17,69%; en la del período 2010-2015 fue de 14,1%; y en la del período 2005-2010, 10,77% (), lo que muestra una disminución progresiva de la brecha. En los jóvenes, las actividades vinculadas a la toma de decisiones son las que presentan menor participación (aproximadamente, 30%) ().

En el 2004, el gasto social representaba 19,5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en el 2011 esa cifra llegó a 24,1%, lo que representa un aumento sostenido de los recursos para las políticas sociales. En las zonas urbanas, la pobreza medida por ingresos descendió de 39,9% en 2004 a 9,7% en el 2014, mientras que la indigencia hizo lo propio pasando de 4,7% a 0,3% en el mismo período. El salario mínimo nacional aumentó de U$S 80 en el 2005 a U$S 334 en el 2015 (). Aún subsiste una gran desigualdad entre las distintas zonas geográficas, destacando que la pobreza en Montevideo alcanza a 13,4%, mientras que en el resto del país sólo es de 7,3%. Es notoria la infantilización de la pobreza, que continúa afectando en mayor medida a las generaciones más jóvenes y, en particular, a los menores de 13 años. En las personas de 18 a 64 años, la incidencia de la pobreza es de 7,8%, mientras que para los menores de 6 años es de 20,6%. Aunque ha cedido, la brecha aún persiste principalmente en las personas con ascendencia afro. En el 2014, la incidencia de pobreza para este grupo fue de 23,1%, mientras que para quienes no tenían esa ascendencia, de 9,0%; en el 2006, las cifras fueron de 55% y 30%, respectivamente ().

En relación con los quintiles de ingresos, en el 2006, 50,7% correspondía al 20% más rico de los hogares y 4,9% al 20% más pobre. En el 2014, aumentó 1,4 puntos porcentuales el ingreso del primer quintil y se redujo 6 puntos el del quintil más rico (). Si bien las brechas de género de este indicador no son significativas (9,9% en mujeres y 9,4% en hombres en el 2014), aumentan en el tramo de 18 a 49 años, edades en las que se concentra la etapa reproductiva femenina.

En el 2015, la tasa de actividad para las personas por encima de la línea de pobreza (LP) fue de 64,2% y por debajo de la LP, de 58,3%. La mayor brecha se da en las zonas rurales, con 10,8 puntos porcentuales de diferencia (65,9 contra 55,1) (). La concentración más numerosa de hogares por debajo de la LP (superiores a 8%) corresponde a los departamentos ubicados en el litoral noreste del país y en la capital, y los niveles más bajos a los que se encuentran al sur del país (Colonia, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, San José y Soriano) ().

Entre el 2005 y el 2013, el presupuesto público para educación pasó de 3,2% a 4,8% del PIB, posibilitando así expandir la educación para la primera infancia y la educación inicial. Para los niños de entre 3 y 5 años de edad, el nivel de asistencia a centros de educación fue de 85,4%, frente a 99,3% para los niños de 6 a 11 años de edad, con una tasa nacional de analfabetismo de 1,6% (). Si bien la tasa neta de asistencia a la educación media creció 7,4 puntos porcentuales entre el 2006 y el 2014, la cifra de 78,5% para este último año revela que todavía más de 20% de los adolescentes del país no cursan estudios secundarios.

Se ha avanzado en la construcción de una sociedad digital. El Plan Ceibal, que dio computadoras a todos los escolares del país, en el 2010 se extendió a la enseñanza media y tecnológica. En el 2015, se implementó el Plan Ibirapitá, con el objetivo de promover la inclusión digital de las personas mayores y, en el 2016, se completó la entrega de 100 000 tablets a jubilados.

En el 2011, el desempleo mostró una baja histórica, alcanzando un porcentaje de apenas 6,5%. En el país persisten elevados índices de informalidad, más que nada entre los más jóvenes y en los sectores más pobres. En el 2014, los niveles de desempleo femenino continuaron siendo superiores a los masculinos (8,4% contra 5,1%) (). Más aún, las mujeres percibían 20% menos de ingresos que los hombres con igual escolaridad.

Aun cuando la población que vive en asentamientos irregulares se ha reducido, 165 000 personas todavía viven en estas condiciones. En cuanto a las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de vivienda, se observa una brecha superior a 12 puntos de desventaja por parte de la población afrodescendiente respecto al resto de la población ().

El sistema de salud

La gestión y la atención cambiaron de un modelo asistencialista curativo a uno preventivo basado en los principios de la atención primaria de salud (APS). Los incentivos que se promovieron desde el financiamiento no han resultado suficientes para avanzar sustantivamente en la implementación de un modelo de atención orientado a la calidad homogénea para toda la población con cobertura. Asimismo, han sido discretos los progresos en la asignación de usuarios a efectores y en la elección por parte de los usuarios de un médico con población asignada a cargo, como meta prestacional para las instituciones del SNIS. A la coordinación interinstitucional e intersectorial ha contribuido la conformación del Gabinete Social y el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, así como los espacios de articulación en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de los compromisos asumidos por el país.

El proceso de transformación estructural del sistema de salud de Uruguay comenzó en el 2007 con la aprobación de la ley n.º 18 211, mediante la cual se conformó el SNIS. Para avanzar en el logro del objetivo regional de acceso y cobertura universal, se partió de la estructura sanitaria y administrativa ya existente, y se desarrollaron formas innovadoras de organización y funcionamiento, promoviendo cambios sustantivos en los modelos de financiamiento, gestión y atención a la salud. Estos cambios aparejaron una reforma tributaria y el desarrollo de una nueva matriz de protección social orientada a redistribuir el ingreso. En el mismo sentido, las reformas estructurales fueron impulsadas conjuntamente con: i) una vasta red de protección social que recurrió a transferencias no contributivas condicionadas al cumplimiento de obligaciones en la salud y educación (salario ciudadano y asignaciones familiares); ii) el otorgamiento de la tarjeta alimentaria para las necesidades nutricionales básicas; iii) la promoción del trabajo juvenil y de las mujeres, y iv) la universalización de la educación inicial y la educación física.

El SNIS constituye la expresión organizativa y funcional de una red asistencial integrada por todos los servicios públicos y privados sin fines de lucro (mutualistas y cooperativas médicas). Por otro lado, el Fondo Nacional de Salud (FONASA) es una pieza central del modelo de financiamiento que –por ser un fondo mancomunado, público y obligatorio– se integra en una contribución tripartita donde las personas aseguradas aportan según sus ingresos. Hay además un aporte patronal proporcional al salario y un aporte complementario de Rentas Generales del Estado, dirigidos a satisfacer el conjunto de beneficios prestacionales asegurados para toda la población en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS).

Asimismo, la modalidad de reembolso a los prestadores del SNIS, ajustado por riesgo, complementa la naturaleza solidaria del seguro. En junio del 2016, la cobertura poblacional alcanzaba a 73% de la población total del país. Por último, la estrategia de construcción del SNIS puso énfasis en la gradualidad, con la idea de garantizar la cobertura universal de forma plena y sin restricciones.

Principales desafíos de la salud

Problemas críticos de salud

El Ministerio de Salud Pública estableció los Objetivos Sanitarios Nacionales (OSN) para el año 2020. En el proceso de definición de tales objetivos, se comenzó por identificar una nómina inicial de problemas críticos que afectan a la salud que incluía el embarazo no deseado en adolescentes, el nacimiento prematuro y el peso bajo al nacer, el elevado índice de cesáreas, la transmisión vertical de sífilis y VIH, y las alteraciones del desarrollo y problemas nutricionales en la primera infancia.

Recursos humanos

En el 2010, el Ministerio creó la división de Recursos Humanos con objeto de priorizar el desarrollo y la capacitación de trabajadores de la salud. El modelo incluye el doble componente de formación/capacitación y gestión de los recursos humanos en la salud orientados hacia un esquema de servicios basados en la atención primaria.

En el 2012, la densidad de recursos humanos era de 63 por cada 10 000 habitantes, muy por encima de los 25 profesionales por cada 10 000 habitantes propuesta en las Metas Regionales de Recursos Humanos para la Salud 2007-2015 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Había además una subrepresentación de enfermeras y parteras: el peso relativo era de 73,2% médicos, 23,8% enfermeras y 3,0% parteras (). Las líneas de trabajo priorizadas eran la armonización de las remuneraciones y la administración de conflictos, un sistema de información sobre recursos humanos, el desarrollo de enfermería y la implementación de acciones para cumplir las metas regionales en recursos humanos en la salud. Los componentes principales incluyen: i) el nodo Uruguay del Campus Virtual de Salud Pública (CVSP); ii) la reforma curricular a nivel grado y posgrado para adaptarlos al cambio en el modelo de atención, iii) la capacitación en gestión de sistemas de salud, en los niveles nacional y departamental, y en redes integradas de servicios de salud (RISS), y iv) el reperfilamiento de profesionales de primer nivel de atención y algunas especialidades clave.

Conocimiento, tecnología e información en el ámbito de la salud

Tanto la Universidad de la República (UDELAR), a través de la Facultad de Medicina, como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), orientan su producción científica a las necesidades y demandas sectoriales. La ANII cuenta con el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI), el cual desarrolló el Sistema Nacional de Investigadores y creó el Portal Timbó, permitiendo el acceso gratuito en todo el país a publicaciones científicas nacionales e internacionales.

Desde hace años, se evalúan las tecnologías sanitarias, dando lugar al fortalecimiento de la capacidad técnica para ilustrar los procesos de introducción de nueva tecnología –como medicamentos de alto costo o técnicas diagnósticas y terapéuticas. Además, se desarrollaron competencias para promover la transferencia tecnológica, la innovación y el manejo idóneo de los aspectos relacionados con la propiedad intelectual, favoreciendo la colaboración en red entre las diferentes agencias y espacios de cooperación técnica y la ANII, incluidos los fondos sectoriales en sus diversas ediciones.

En el país existe una muy alta penetración en telecomunicaciones: el acceso a Internet (fijo y móvil) es extenso y la televisión por cable está ampliamente difundida; todo el territorio es alcanzado por radioemisoras, y más de 90% de la población accede a la televisión abierta. Uruguay posee estadísticas vitales de excelente calidad y cuenta con certificados electrónicos para los nacidos vivos (desde 2010) y las defunciones (desde 2016).

El medio ambiente y la seguridad humana

Deforestación y degradación del suelo

Las formaciones boscosas naturales autóctonas (montes) ocupan 3,7% del territorio nacional. La ley forestal n.° 15 939 las protege de su tala y establece las bases de la forestación industrial y su gestión. Hay casi un millón de hectáreas sembradas con pino y eucaliptus destinadas a producir celulosa. Es obligatorio elaborar, presentar y aprobar Planes de Uso y Manejo Responsable del Suelo antes de realizar determinadas acciones o actividades. El 6,8% del territorio uruguayo sufre erosión de intensidad moderada y 2%, severa.

Contaminación del aire

En general, la calidad del aire en el país es buena, gracias a factores geográficos, climáticos y tecnológicos, y a las políticas públicas sobre el tema. No obstante, en las zonas rurales persisten problemas puntuales relacionados con la caminería de material suelto, los complejos industriales y con la quema de residuos en vertederos y basurales.

Entre las medidas estratégicas dirigidas a mejorar la calidad del aire, se encuentran la vigilancia y el seguimiento de la línea de base de calidad del aire, así como el monitoreo permanente de fuentes significativas y la promoción de las energías renovables según la Política energética del 2030. En el 2015, la energía eólica representó 16% del total de la electricidad generada, mientras que hasta febrero del 2014 no había superado 1%. Por otro lado, la puesta en marcha de una planta desulfurizadora en la refinería de petróleo permitió reducir sensiblemente el nivel de azufre de los combustibles producidos ().

Contaminantes orgánicos persistentes

Por ley n.o 17 732 se aprobó el Convenio de Estocolmo. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), con la participación de ministerios y otras entidades públicas y privadas, y organizaciones sociales, desarrolló el «Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo», por el cual, al 2016, ya se estaba revisando el primer plan de acción y la inclusión de nuevos contaminantes orgánicos persistentes.

Desastres naturales y antropogénicos

El Sistema Nacional de Emergencias y Desastres (SINAE) coordina diversas instituciones y sectores —que se suman a una red de centros coordinadores de emergencias departamentales (CECOED)— para la gestión del riesgo de emergencias y desastres en sus diferentes fases, principalmente inundaciones fluviales estacionales, sequías e incendios forestales y, recientemente, tornados ().

Residuos sólidos

La gestión y el manejo de los residuos sólidos urbanos corresponden a las intendencias departamentales. Desde el 2005, el Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y el Área Metropolitana (PDRS) se encarga de gestionar los residuos generados en el área metropolitana del país –desde residuos sólidos urbanos a residuos sólidos especiales. Se estima que solamente en Montevideo el sector informal recolecta 40% de los residuos ().

Seguridad alimentaria

En el país persisten problemas de malnutrición por déficit y por exceso. El patrón alimentario se caracteriza por un consumo excesivo de sal, grasas saturadas, grasas trans y azúcares refinados, y una dieta escasa en fibra y pobre en micronutrientes esenciales, sustancias bioactivas provenientes de frutas, hortalizas y granos, y en minerales. La “Dirección Uruguay Crece Contigo” (del Ministerio de Desarrollo Social [MIDES]) trabaja a nivel universal y focalizada en contribuir a consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia. Múltiples programas del Ministerio, el MIDES y el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) abordan estos problemas de salud. Las enfermedades transmitidas por alimentos tienen baja incidencia. Las tareas de cooperación se llevan a cabo a partir de la coordinación de los ministerios de salud pública y de ganadería, agricultura y pesca, las intendencias departamentales y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Uruguay es país libre de fiebre aftosa con vacunación, certificado por la Organización International de Epizootias (OIE).

Migración

Unido al crecimiento económico y a la baja en la tasa de desempleo, se observan indicios de un aumento de la inmigración y una aceleración del retorno de emigrantes uruguayos. En el 2014, se concedieron un total de 3 755 residencias, 2 785 de las cuales provenían de otros países de la región, 783 de Europa y el resto de otros continentes (). Respecto a la migración interna, históricamente los flujos migratorios han sido hacia Montevideo. A partir de la década de los sesenta, se produjo una expansión hacia el departamento de Canelones –que integra la zona metropolitana. Actualmente, el departamento del país que crece más es Maldonado, con una población que tiende a radicarse en la costa del Río de la Plata.

Seguimiento de la organización, prestación de atención y desempeño de los sistemas de salud

El SNIS se plasmó en cinco leyes fundacionales entre el 2005 y el 2007. La ley n.º 17 930 de Presupuesto Nacional (2005-2010) que establece las grandes líneas programáticas, la ley n.º 18 131 que crea el FONASA, la ley n.º 18 161 que descentraliza la ASSE, la ley n.º 18 335 sobre garantía de derechos y deberes de los usuarios y finalmente la ley n.º 18 211, que completa de forma integral los principios y la configuración orgánica y funcional del SNIS, definiendo el nuevo modelo de financiamiento.

A partir del 2008, el proceso de implementación del SNIS ha mejorado la perspectiva sanitaria del país, bajando los niveles de segmentación que generaban fuertes inequidades y dándole estabilidad al sistema. En este marco, se definieron los OSN 2020 con el propósito de i) alcanzar mejoras en la situación de salud de la población, ii) reducir las desigualdades en el derecho a la salud, iii) mejorar la calidad de los procesos asistenciales y iv) generar las condiciones para que las personas tengan una experiencia positiva en la atención de su salud.

El Ministerio de Salud Pública mantiene sus competencias indelegables en la rectoría sobre la conducción, las funciones esenciales de salud pública, la regulación y la habilitación y acreditación de servicios y profesionales de salud. La Junta Nacional de Salud (JUNASA) –presidida por el Ministerio e integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Instituto de la Seguridad Social (Banco de Previsión Social), las instituciones prestadoras y representantes de los trabajadores y los usuarios del SNIS– vigila la cobertura, articula el financiamiento y regula el cumplimiento en la provisión de los servicios. A nivel departamental, la gobernanza se completa con “juntas departamentales de salud”, cuyas decisiones no son vinculantes. En la gestión administrativa y contable del FONASA se utilizó al Banco de Previsión Social (BPS), mientras que para delimitar claramente las competencias del Ministerio se separaron sus funciones de rectoría de las de provisión de servicios de salud.

Asimismo, se aprobó la creación de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) como servicio descentralizado, cuyo modelo de gestión incluye instrumentos de participación y control social de la gestión por parte de trabajadores y usuarios. El proceso de transformación del sistema de salud redujo significativamente la desigualdad medida por el índice de Gini (de 0,4628 a 0,4526), construyó consensos y garantizó grados amplios de gobernabilidad, medidos por todos los estudios de opinión pública realizados desde el 2008 en adelante (grados de aprobación en la franja de 65% y 80%).

Entre el 2007 y el 2014, el gasto en la salud creció 53%, alcanzando cerca de US$ 4 900 millones ese último año, lo que representa 8,6% del PIB y 45% del gasto per cápita en la salud. En el 2007, 53% del gasto fue financiado con fuentes públicas y, en el 2014, aproximadamente, 70%. Asimismo, la protección social en la salud creció hasta cubrir a todo el núcleo familiar y a lo largo de todo el curso de vida. Por otro lado, el mecanismo de pago del seguro a los prestadores integrales de salud pasó a basarse en cápitas ajustadas por riesgo y se encuentra complementado por un pago adicional destinado a premiar el cumplimiento de objetivos asistenciales. El aporte complementario por metas prestacionales es de 8% de la «cuota salud» y se otorga cuando se verifica el cumplimiento. También se fortaleció el subsector público, esencialmente la ASSE, cuyo presupuesto pasó de US$ 190 millones anuales en el 2005 a aproximadamente US$ 1 100 millones en el 2014. En el 2005, el gasto mensual por usuario en el sector privado era de US$ 50 y en la ASSE, de US$ 14 (relación 3 a 1). En el 2016, el gasto por usuario estaba prácticamente equiparado en ambos sectores. Además, se potencia el Fondo Nacional de Recursos (FNR) como un mecanismo de aseguramiento centralizado, complementario e independiente (financiera e institucionalmente) del FONASA, que brinda cobertura a un vasto conjunto de prestaciones de medicina altamente especializada.

Perspectivas

Como se ha mencionado, el Ministerio de Salud definió los Objetivos Sanitarios Nacionales para el año 2020. El primer objetivo busca mejorar la situación de salud de la población, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, y disminuyendo factores de riesgo. El segundo está orientado a reducir la carga de morbimortalidad prematura y evitable, disminuir la mortalidad precoz por cáncer y por enfermedades cardiovasculares, la prevalencia de hipertensión arterial, las complicaciones crónicas de la diabetes, y la mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y por VIH/sida. También se propone reducir la mortalidad y la morbilidad infantil neonatal, actuando sobre los determinantes de la prematurez, así como disminuir la incidencia de suicidios y de la morbimortalidad relacionada con la violencia de género. El tercer objetivo apunta a mejorar la calidad de los procesos de atención a la salud en todo el curso de vida de las personas, proponiendo acciones dirigidas a disminuir el embarazo adolescente, acompañar adecuadamente la maternidad-paternidad de ese mismo grupo, humanizar el parto institucional y reducir la tasa de cesáreas. En relación con los cuidados de las personas con discapacidad y su acceso a los servicios y programas de salud, se plantea mejorar la accesibilidad a los servicios de salud, incluyendo los de rehabilitación en los tres niveles de atención y en las diferentes etapas del curso de vida. Por otro lado, el Sistema Nacional de Cuidados se encargará de asegurar los cuidados sanitarios que requieren las personas con dependencia (personas con discapacidad, personas mayores vulnerables) en su vida diaria.

La seguridad y la calidad en la atención a la salud, como parte de la cultura institucional, es el cuarto objetivo estratégico. Para avanzar en este plano será necesario desarrollar estándares y buenas prácticas por áreas, implementando una política de comportamientos seguros, con estrategias de medición y evaluación de la calidad asistencial que apunten a una mejora continua. Por último, los esfuerzos están orientados a desarrollar un sistema de atención centrado en el paciente (quinto objetivo), con el propósito de que las personas tengan una experiencia positiva en la atención de su salud. De esa forma se reforzarán y profundizarán los vínculos entre el médico y el paciente, y entre el equipo de salud y los usuarios, mejorando la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, concebido como redes integradas de servicios de salud.

Logros y desafíos relevantes

La implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud constituyó un avance hacia la universalización del acceso a la atención de la salud. En buena medida se pudo superar la segmentación social para el ejercicio del derecho a la salud y hubo progresos, aún insuficientes, en reducir la fragmentación y promover la complementación de una amplia red de servicios de salud públicos y privados. Uno de los logros del SNIS reside en que la reforma ha generado múltiples ámbitos de participación social (usuarios, trabajadores y prestadores). No obstante, este proceso se halla en un momento crucial respecto a su sostenibilidad y a la efectividad de su alcance en las diferentes dimensiones del acceso y la cobertura, algo que dependerá de cómo se resuelvan en los próximos años aspectos vinculados al financiamiento, la provisión, el modelo de atención, la calidad, la rectoría y la regulación del sistema en su conjunto.

La incorporación de los colectivos que en el 2016 no formaban parte del FONASA (militares, policías, funcionarios municipales y población sin empleo formal cubierta por la ASSE) constituye un desafío fundamental, tanto para la sostenibilidad financiera del seguro como para el propio cumplimiento de los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Referencias

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3. Office of Planning and Budget (OPP), Ministry of Social Development (MIDES). Reporte Uruguay 2015. Available from: http://www.opp.gub.uy/images/ReporteUruguay2015_OPP_web.pdf.

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5. Levcovitz E, Fernández Galeano M, Benia W, coord. Pefil del Sistema de salud. Monitoreo y análisis de los procesos de cambio. Montevideo: OPS, 2016.

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Reference/Note:

1. Retraso del crecimiento, definido como valores menores a dos desviaciones estándar (DE) de la distribución de talla en niños o niñas de la misma edad, según el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006).

2. El índice CPO-D señala la experiencia de caries tanto presente como pasada, pues toma en cuenta los dientes con lesiones de caries y con tratamientos previamente realizados. Se obtiene de la sumatoria de los dientes permanentes cariados, perdidos y obturados, incluyendo las extracciones indicadas, entre el total de individuos examinados.

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