Durante el período en análisis, los logros fueron atemperados por retos que la Oficina se esforzará por superar en estrecha colaboración con los Estados Miembros y los asociados. Algunos de estos retos son crónicos, y la Oficina proporcionará cooperación técnica focalizada y elaborará, ajustará y refinará políticas y estrategias pertinentes basándose en las enseñanzas extraídas.
El tema de este informe, “Atención Primaria de Salud: ha llegado el momento”, es un llamamiento a la acción que plantea retos particulares para la Oficina, ya que capta la visión de la salud para todos expresada por Alma-Ata en la salud universal y reafirma el compromiso de la OPS con los valores y principios de esa declaración histórica, a saber, el derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, la justicia social, la participación comunitaria, la responsabilidad del gobierno y la acción multisectorial.
Durante el período en análisis, hubo cambios notables en el panorama político de la Región. En varios países hubo cambios de gobierno que trajeron aparejadas diferentes posiciones filosóficas, algunas de las cuales podrían incidir en la salud del público. Además, hemos visto la aparición de complejas condiciones sociopolíticas, conflictos y otras crisis. Estas circunstancias han afectado a las metas de salud pública de los Estados Miembros y la salud y el bienestar de sus poblaciones y han comprometido los avances en la salud. También hemos visto grandes flujos migratorios en nuestra Región, con la propagación concomitante de enfermedades.
Aunque la situación económica de algunos de los países más grandes de la Región ha mejorado, otros siguen atravesando dificultades. Incluso en aquellos que han tenido un crecimiento económico, subsisten las preocupaciones con respecto a la distribución equitativa de los beneficios, incluido el acceso a la salud. El derecho de las personas a la salud se sustenta en la responsabilidad del Estado de garantizarlo. Aunque en los decenios pasados se avanzó en el reconocimiento del derecho a la salud en las reformas normativas y legislativas, las instituciones públicas han sido lentas para reconocer su responsabilidad con respecto al goce de estos derechos. Sin la acción del Estado, no puede haber un goce progresivo del derecho a la salud, especialmente para las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad social, ni puede haber progreso hacia la cohesión social. Hay brechas cruciales en la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y persisten obstáculos de género, socioculturales, económicos y estructurales al acceso.
Según el FMI, el crecimiento económico en América Latina y el Caribe durante el 2017 fue de solo 1,3%, debido a los continuos ajustes fiscales y externos en algunos países y otros factores propios de cada país. A mediano plazo, las proyecciones indican que el crecimiento probablemente siga limitado a 2,6%, después de llegar a 1,6% en el 2018. En este contexto, la Región no puede depender exclusivamente del crecimiento para proteger y mantener los enormes avances sociales y las reducciones de la desigualdad que se lograron durante los últimos 15 años. En cambio, el reto estribará en invertir más en las personas, en particular los pobres, usando políticas anticíclicas para garantizar un crecimiento sostenible y equitativo a largo plazo.
El liderazgo del gobierno y la voluntad política son funciones que deben fortalecerse para garantizar la acción intersectorial en pro de la salud que puede abordar complejos determinantes sociales de la salud, entre ellos factores políticos, sociales, económicos, ambientales y comerciales que inciden en la equidad en salud y en los resultados en materia de salud. La articulación eficaz entre las autoridades de salud y los interesados que participan en el desarrollo social, la agricultura, la educación, la vivienda, el medioambiente y el comercio es esencial. Con ese fin, debe haber capacidad política y técnica en los ministerios de salud y otras entidades sectoriales, además de voluntad política en el más alto nivel. El enfoque de la salud en todas las políticas, que tiene como finalidad abordar estos factores, se enfrenta con obstáculos. Las voces de las personas, en particular de las personas en condiciones de vulnerabilidad, a menudo no se oyen, y los mecanismos para la participación de la sociedad civil en los procesos decisorios y de responsabilidad social todavía son débiles.
En el contexto de la capacidad nacional limitada para encabezar esfuerzos sostenibles a fin de abordar temas clave de equidad, manejar prioridades emergentes, promover la rendición de cuentas y asegurar que se adopten enfoques eficaces, un imperativo fundamental es fortalecer la función de rectoría de las autoridades sanitarias para formular, organizar y dirigir la política sanitaria nacional. Esto posibilita una transformación de la gobernanza del sector de la salud y mejoras en la eficacia, la eficiencia y la equidad del sistema de salud. El proceso de transformar un sistema de salud tiene implicaciones tanto políticas como de recursos. Los protagonistas de este proceso tienen la responsabilidad de hacerlo factible y viable y de regular los recursos fundamentales del sistema de salud, sean financieros, humanos o relacionados con medicamentos y tecnologías sanitarias. El equilibrio entre los aspectos políticos y los recursos para una respuesta adecuada es un componente central y estratégico en el marco del fortalecimiento y
la transformación de los sistemas de salud para avanzar hacia la salud universal.
La capacidad de los sistemas de salud para proporcionar políticas y programas basados en la evidencia y en los derechos para eliminar los obstáculos al acceso para todos, en particular los grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad, es débil. Las reformas del sector de la salud en la Región se han centrado en la ampliación y la transformación de los sistemas de salud para mejorar el acceso y satisfacer las necesidades de salud de la población, especialmente las personas en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, en sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de diferentes grupos de población, los sistemas de salud han agravado el problema de la segmentación. Los grupos vulnerables que reciben conjuntos básicos de servicios por medio de programas específicos han sido excluidos de los conjuntos más amplios de servicios garantizados que están al alcance de otros sectores de la población. Esto se ha convertido en un obstáculo para lograr la equidad en el contexto de los esfuerzos explícitos del gobierno para combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Además, muchos países no han podido abordar las brechas cruciales en los servicios y atender las necesidades específicas de las mujeres y las niñas (incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva), los migrantes, las personas LGBT, las personas indígenas, los afrodescendientes, los adolescentes y las personas mayores. Actualmente, las personas más afectadas por la falta de acceso universal a la salud y de cobertura universal son las que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La mayoría de los países tienen dificultades para adoptar un enfoque integral de las ENT, a pesar de los cambios demográficos, epidemiológicos y socioeconómicos que han hecho que aumente la carga de estas enfermedades en la Región y el imperativo de acelerar las intervenciones para su prevención y control eficaz. Los servicios de salud todavía están organizados para responder a trastornos agudos y carecen de capacidad de resolución en el primer nivel de atención para proporcionar atención integral de buena calidad para las ENT y los trastornos de salud mental. La aplicación de políticas públicas para influir en los factores de riesgo es limitada y la interferencia de la industria sigue siendo un obstáculo importante para la aplicación de políticas a nivel de país con el fin de reducir el consumo nocivo de alcohol, promover la nutrición sana e imponer el control del tabaco. Esta injerencia en las políticas preventivas basadas en la población resultará en la persistencia de grandes gastos en salud e impedirá el logro de la salud para todos. La industria tabacalera ha tratado de convencer a funcionarios de que no avancen con medidas eficaces de control del tabaco que cumplen los mandatos del CMCT y de que no ratifiquen el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. Sin embargo, con su ratificación por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en junio del 2018, este Protocolo está listo para entrar en vigor en septiembre del 2018. Un enfoque integral de la prevención, la promoción y la atención integrada, como se fomenta en la atención primaria de salud para avanzar hacia la salud universal, es de importancia capital para reducir la epidemia de las ENT, que amenaza con revertir muchos de los logros realizados con gran esfuerzo en la salud y el desarrollo en la Región de las Américas.
También hay grandes retos para mantener los avances en la prevención y el control de las enfermedades transmisibles. A pesar de las mejoras en la vigilancia epidemiológica y la cobertura de vacunación en todos los países de la Región, durante este período hubo un retroceso en la eliminación del sarampión. Además, persisten varias zoonosis, como la rabia, la leishmaniasis, la fiebre amarilla, la encefalitis equina, la gripe aviar y la brucelosis. Son pocas las estrategias intersectoriales eficaces para su vigilancia, control y prevención en la interfaz entre los seres humanos y los animales que concuerdan con el enfoque de Una salud. Este enfoque es crucial para abordar la inocuidad de los alimentos y controlar las zoonosis, así como para mitigar la amenaza cada vez mayor de la resistencia a los antimicrobianos. A pesar de la colaboración entre los organismos internacionales participantes —la FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)—, la participación multisectorial a nivel de país plantea retos para la ejecución de planes nacionales de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos.
En la mayoría de los países de la Región, los servicios de salud están segmentados y fragmentados, lo cual exacerba las dificultades en el acceso a servicios integrales de buena calidad y da lugar a ineficiencias y a una baja capacidad de respuesta en el primer nivel de la atención. En algunos países se observan procesos de planificación que llevan a una mayor centralización de los servicios de salud. Las reformas del sector de la salud centradas en la ampliación de la cobertura por medio de conjuntos de servicios básicos de salud, con iniciativas limitadas para fortalecer el modelo de atención y la organización de los servicios de salud, han dado lugar a mejoras insuficientes en el acceso a la atención, especialmente para las personas más pobres y las poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad. Los datos sobre las desigualdades económicas las condiciones de acceso para la Región de las Américas muestran que el porcentaje de la población que enfrenta barreras de acceso en la Región varía enormemente entre países. Va de 6,8% a 66% y es mayor en las familias más pobres. En muchos casos, las inversiones en salud siguen priorizando los servicios especializados y hospitalarios, de manera ad hoc y sin planes de inversiones apropiados. Se construyen establecimientos nuevos sin tener en cuenta debidamente los recursos humanos necesarios, el financiamiento, la administración de la prestación de los servicios e intervenciones específicas para fortalecer el nivel primario de atención. No se tienen en cuenta la sostenibilidad y la resiliencia, y los planes a menudo favorecen la organización de los servicios de salud en centros urbanos desarrollados, dejando insatisfechas las necesidades de las zonas periurbanas y rurales más pobres.
Además, persisten las inequidades en cuanto a la disponibilidad, la distribución y la calidad del personal de salud dentro de los países y entre ellos, así como entre diferentes niveles de atención y entre los sectores público y privado. El financiamiento de recursos humanos para la salud universal sigue siendo sumamente desigual en la Región, y en muchos países es insuficiente para asegurar la prestación de servicios de salud de calidad, en particular en el primer nivel de la atención, y para satisfacer las necesidades de las poblaciones subatendidas. La poca retención en las zonas rurales y desatendidas, las condiciones de trabajo precarias, la baja productividad y el bajo rendimiento son algunos de los retos que están enfrentando los países. Todos estos factores obstaculizan la ampliación progresiva de los servicios, en particular en el primer nivel de la atención. Aun en los casos en que hay recursos humanos para la salud universal, a menudo carecen del perfil y las competencias apropiadas, afectando en consecuencia la salud de las comunidades que sirven.
En los últimos decenios ha habido un crecimiento exponencial de la educación en ciencias de la salud en la Región. A pesar de ello, la reglamentación de estos procesos sigue siendo insuficiente y subsisten preocupaciones por la calidad de la capacitación, la relevancia de muchos programas académicos y las normas de la práctica profesional. Muchos países están teniendo dificultades para pasar a la capacitación basada en aptitudes, establecer programas de aprendizaje interprofesional, diseñar programas de estudios flexibles, fortalecer la capacidad didáctica y extender la capacitación a todos los niveles de la red de atención.
El enfoque de la atención primaria de salud con respecto al financiamiento sanitario está lejos de convertirse en realidad. El financiamiento sanitario en la Región está lejos de alcanzar los objetivos fijados por los Estados Miembros de la OPS en el 2014, cuando adoptaron la estrategia de salud universal. La recuperación económica después de las contracciones de la economía mundial ha sido lenta en algunos países, dando lugar a la asignación insuficiente de fondos al presupuesto sanitario nacional, lo cual pone en riesgo los avances en el ámbito de la salud y retrasa el progreso en áreas prioritarias. Aunque la colaboración entre los ministerios de salud y de finanzas ha aumentado durante el período abarcado por el informe, solo en cinco países (Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos de América y Uruguay) los gastos en salud pública ascienden a 6% del PIB. Esta situación se exacerba en muchos países debido a la capacidad limitada para efectuar cambios en el sistema de salud como consecuencia de las rigideces de los sistemas de gestión de las finanzas públicas y los presupuestos por partidas. Debido a las prioridades nacionales en pugna y al financiamiento sanitario ineficiente, a menudo no se asegura el acceso a servicios integrales para los programas de salud prioritarios. Se asigna poca prioridad a las ENT y las políticas y los reglamentos relacionados con las ENT, dando lugar a veces a inversiones internas inadecuadas en la aplicación de estas políticas. El fracaso de las inversiones agrava los efectos adversos de los costos directos e indirectos de las ENT y sus factores de riesgo, los trastornos de salud mental, los traumatismos y la violencia, que tienen un gran impacto en los sistemas nacionales de salud, en la salud individual y de la población, en la productividad y en el desarrollo nacional en general.
Una inversión eficiente en salud tiene que mantener y ampliar los avances en otros problemas de salud prioritarios, como la infección por el VIH, la tuberculosis, la inmunización y la salud sexual y reproductiva. Debe ser posible aumentar la resiliencia de los sistemas de salud asegurando un financiamiento adecuado para las funciones esenciales de salud pública, incluidas las capacidades para la aplicación del RSI y para los preparativos y la respuesta a las emergencias de salud. Ni los presupuestos nacionales ni las fuentes nuevas de financiamiento han logrado llenar plenamente los vacíos creados por el retiro o la reducción del financiamiento externo de algunos asociados internacionales en el desarrollo para programas nacionales de inmunización y de prevención y control de la infección por el VIH. Otras enfermedades transmisibles, como las enfermedades infecciosas desatendidas y las hepatitis, siguen recibiendo poca prioridad y financiamiento. No hay recursos de los asociados internacionales en el desarrollo para la respuesta a las hepatitis, que depende totalmente de compromisos económicos internos. Este reto se exacerba con el reconocimiento inadecuado de la enfermedad como una prioridad para la acción en comparación con otras cuestiones urgentes de salud pública en la Región, el costo elevado de los medicamentos contra las hepatitis para las personas y los sistemas de salud, y el costo mayor de estos medicamentos en la Región de las Américas en comparación con otras regiones.
El trabajo en curso para fortalecer los preparativos y la respuesta frente a emergencias de salud es crucial para aumentar la resiliencia de los sistemas de salud y la comunidad. La aplicación del RSI es un componente clave de este trabajo. Requiere esfuerzos constantes de los Estados Partes y la Oficina para manejar eventos de salud pública que puedan revestir importancia internacional, así como para cumplir las obligaciones recurrentes, diferenciadas y a largo plazo, como el establecimiento y el mantenimiento de las capacidades básicas de vigilancia y respuesta, incluso en puntos designados de entrada como se detalla en el anexo 1 del RSI. Entre los retos que obstaculizan progreso en la aplicación cabe señalar una falta de comprensión plena y armonizada de los conceptos del RSI. Además, los cuatro componentes del marco de seguimiento y evaluación del RSI, cuya finalidad es asegurar la rendición de cuentas mutua, no están adaptados a las necesidades de todos los Estados Partes de la Región, como los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Con respecto a los desastres, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe tienen la capacidad para responder a eventos menores y moderados que afectan la salud de sus poblaciones, aplicando un enfoque de un solo peligro y sin necesidad de apoyo internacional.
El problema surge cuando se responde a emergencias de gran magnitud u ocasionadas por varios peligros, cuando la cooperación externa es abrumadora y cuando la respuesta se politiza o se “verticaliza”.
Cambio climático y desastres naturales
Los desastres y las emergencias a menudo dan lugar a la suspensión o reducción de muchos programas de salud prioritarios. Eso puede ocurrir durante esos eventos y por mucho tiempo con posterioridad. Estas perturbaciones pueden afectar servicios cruciales para las personas con trastornos crónicos y otras en condiciones de vulnerabilidad.
Cuarenta años después de la Declaración de Alma-Ata, muchos países de la Región todavía no han logrado asegurar un acceso equitativo a los determinantes ambientales de la salud. El agua en cantidad y calidad adecuadas, el saneamiento básico de calidad aceptable y las condiciones de vida adecuadas y seguras en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo y la comunidad son necesarios para avanzar hacia la salud universal. Se ha reconocido el impacto negativo del cambio climático en el medioambiente, la salud y otros aspectos cruciales del desarrollo, pero hay retrasos en la elaboración y ejecución de planes nacionales de adaptación al cambio climático. Se necesita una mayor participación, compromiso político y enfoques multisectoriales para alcanzar las metas de gran alcance de los ODS relacionadas con la salud ambiental y para abordar los retos del cambio climático, en particular en los países clave. Es necesario mejorar la formación de capacidad, la concientización y los recursos humanos, así como la asignación de recursos propios de cada país para la agenda de salud ambiental, a fin de integrar plenamente los temas de salud ambiental en los programas, las políticas y las intervenciones de los ministerios de salud, otros organismos sectoriales, la sociedad civil y el sector privado.
Los datos de buena calidad y los análisis epidemiológicos con datos desglosados son muy limitados en la Región, en particular en los países clave de la OPS y el Caribe, lo cual obstaculiza los esfuerzos para dar seguimiento al progreso hacia la salud universal. A pesar de los esfuerzos de los Estados Miembros para recopilar información a fin de dar seguimiento sistemáticamente y evaluar el progreso en la equidad en salud, la mayoría de los países todavía necesitan fortalecer los sistemas nacionales de seguimiento. Aun en los países que recopilan información desglosada por variables socioeconómicas, el análisis de la equidad en la salud y el uso de la evidencia para la formulación de políticas a menudo son limitados.
El compromiso de que nadie se quede atrás, como se indica en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, requiere que los Estados Miembros establezcan metas específicas y asequibles para reducir las inequidades en materia de salud y que establezcan sistemas funcionales de seguimiento de las desigualdades en la salud. Los Estados Miembros deben comprometerse a invertir en los sistemas nacionales y subnacionales de planificación, presentación de información, seguimiento y evaluación para lograr la salud universal. Los sistemas de información para la salud deben concebirse como un mecanismo integrado de sistemas y procesos interconectados e interoperables que aseguren la convergencia de datos, información, conocimientos, normas, personas e instituciones. Diversas medidas son fundamentales para el mantenimiento y la sostenibilidad de las intervenciones, incluso durante las transiciones políticas y los cambios de gobierno. Entre estos procesos vitales se encuentran la definición basada en la evidencia de una agenda de salud nacional a mediano y largo plazo, la elaboración de la estrategia de la Oficina a mediano plazo para la cooperación técnica con los países y acuerdos formales para la cooperación técnica. Las actividades para establecer estos marcos deben ser participativas y abarcar a una amplia gama de interesados, entre ellos parlamentarios, personal de salud, líderes locales y la sociedad civil, en las fases de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación, a fin de lograr el “convencimiento” y el compromiso con la acción.
Es esencial abordar la gobernanza de una manera completa e integrada y crear mecanismos de reglamentación interconectados (que abarquen recursos financieros, recursos humanos y tecnologías y servicios de salud) en las transformaciones institucionales para lograr mejoras equitativas en el acceso a los servicios de salud. La investigación sobre el papel más eficaz del ministerio de salud en relación con otros ministerios que también inciden en la salud de la población y el replanteamiento de la finalidad y las funciones de estructuras pertinentes de la administración pública serían útiles para aumentar la eficiencia y la eficacia en el camino a la salud universal. Se debe fomentar una mayor participación social en la planificación, ejecución y supervisión de políticas de salud, a fin de promover políticas que respondan mejor a las necesidades y asegurar la transparencia y sostenibilidad. Debe haber una mayor conciencia de los diversos problemas de salud prioritarios y de las estrategias para superar los obstáculos culturales y psicosociales a nivel de la comunidad en los esfuerzos para mejorar la accesibilidad, la disponibilidad, la asequibilidad y la calidad de los servicios de salud integrados. La intensificación de la promoción de la salud en todas las políticas y la cooperación técnica en este campo, con el refuerzo de los mensajes en cuanto a la equidad, pueden impulsar el progreso en la salud en todas las políticas incluso en un contexto de cambios políticos, especialmente en lo que se refiere al apoyo político y el financiamiento. En ese sentido, el establecimiento y fortalecimiento de redes y alianzas estratégicas serían cruciales para el éxito.
Aun en momentos difíciles y con un estancamiento económico, es posible aumentar la inversión pública en salud. Los países pueden buscar un margen fiscal y utilizarlo para la salud, y se pueden obtener más recursos públicos de una amplia gama de fuentes, como una mayor recaudación tributaria (mediante la reducción de la evasión y la elusión), el aumento o la creación de impuestos para la salud pública, la reducción del derroche y la corrupción, la asignación de prioridad al gasto en salud en comparación con otros sectores y las contribuciones sociales. Todos los países pueden hacer algo, según su contexto nacional. Sin embargo, para promover un mayor margen fiscal se requiere un diálogo social más amplio con todos los interesados. Las decisiones conexas, que implican a los Estados, tienden a ser políticas y se basan principalmente en argumentos técnicos, a menudo en detrimento de los aportes de aliados sociales clave, como la sociedad civil y el sector privado. Una consideración importante es el aumento de la eficiencia, que se puede lograr invirtiendo en el primer nivel de atención para proporcionar servicios de salud integrales y de buena calidad en redes integradas de servicios de salud, prestando atención a problemas de salud prioritarios y proporcionando financiamiento adecuado para los recursos humanos, los medicamentos y otras tecnologías sanitarias.
La recopilación, la documentación y la difusión de prácticas adecuadas son cruciales para poner de relieve las oportunidades para la introducción y la sostenibilidad de intervenciones estratégicas para la salud universal. La modalidad técnica de la OPS de cooperación entre países para el desarrollo sanitario (que incluye la cooperación transfronteriza centrada en la migración y otros temas que inciden de manera inmediata y directa en las comunidades y la atención primaria de salud) puede fortalecer el trabajo a nivel subnacional, contribuir a una mejora de la capacidad local y ayudar a mitigar los retos que puedan surgir debido a cambios en la orientación de la política nacional.
En vista de los retos con la sostenibilidad, los países pueden beneficiarse del fortalecimiento del enfoque subregional. Esto facilitará la adopción de normas, tecnologías, soluciones y metodologías. También ayudará a administrar los datos, la información y los conocimientos y a promover las decisiones colectivas, la formulación de políticas basadas en la evidencia y la mancomunación de recursos. La producción de bienes públicos subregionales también se valora como estrategia eficaz en función de los costos para llegar a los pequeños Estados insulares en desarrollo, que a menudo tienen poca capacidad para elaborar programas complejos. La determinación de las prioridades entre subregiones y dentro de ellas y una mayor interacción de la Oficina con sus contrapartes en otras regiones de la OMS facilitarán la cooperación técnica eficaz de la Oficina con los Estados Miembros de la OPS en sus diversos y variados grupos de integración política.
La gestión exclusiva de la cadena de suministro, como componente integral de los sistemas de salud pública, tiene como finalidad administrar de una manera holística la totalidad del sistema de salud y ejercer un efecto multiplicador en los resultados logrados con programas de salud verticales. Puede contribuir sobremanera a la sostenibilidad a largo plazo del acceso a los medicamentos y las tecnologías. La gestión de la cadena de suministro repercute en todas las áreas de un sistema de salud pública de manera directa o indirecta, y un enfoque interprogramático de la gestión de la cadena de suministro que incluye todas las unidades técnicas de la Oficina puede efectuar muchas contribuciones, entre ellas la mejora del acceso a los medicamentos en todos los niveles de los sistemas nacionales de salud, la introducción de nuevas tecnologías sanitarias, la migración de pacientes para armonizar las prácticas clínicas con las recomendaciones de la OMS y los estudios económicos de la cadena de suministro en los que se examinan y se destacan las oportunidades para aprovechar al máximo los fondos públicos. El Sistema Regulador del Caribe tiene el potencial para convertirse en uno de los mayores éxitos de CARICOM con la promesa de un mercado común, proporcionando reglamentación armonizada y un punto de entrada único para los medicamentos y otras tecnologías sanitarias a la subregión del Caribe. También se debe promover un mayor uso del Fondo Estratégico de la OPS.
La evidencia ha mostrado que la inversión en recursos humanos para la salud universal mejora las tasas de empleo y el desarrollo económico. Se necesita una fuerte voluntad política para convertir los compromisos con asignaciones presupuestarias eficaces en recursos humanos para la salud universal. Además, la gobernanza y la reglamentación eficaz son cruciales para elaborar políticas estratégicas relacionadas con los recursos humanos para la salud universal y para formular, financiar y ejecutar un plan nacional de recursos humanos para la salud universal. Se necesita una coordinación intersectorial eficaz, participación de alto nivel y un posicionamiento estratégico de los asuntos de recursos humanos para la salud universal a fin de impulsar el compromiso del sector público con la reforma de los recursos humanos para la salud universal. Esto debe incluir mayores esfuerzos con el fin de desarrollar sistemas de información sobre recursos humanos para la salud universal y marcos institucionales que permitan la rendición de cuentas compartida del análisis y el uso de la información. La descentralización de las instituciones de enseñanza y el reclutamiento de estudiantes de comunidades desatendidas pueden aumentar la producción, el despliegue y la retención de personal de salud en entornos subatendidos.
La evidencia ha mostrado también que un primer nivel de atención fuerte, con capacidad para responder a los programas de salud prioritarios y apoyado por una red integrada de servicios, conduce a mejores resultados en materia de salud, equidad y eficiencia. La obtención del compromiso político de alto nivel para asegurar la movilización y la asignación eficiente de los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios facilita una respuesta adecuada para mantener e impulsar la eliminación de enfermedades (incluidas la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis congénita, la hepatitis B, la enfermedad de Chagas y el cáncer cervicouterino), prevenir el restablecimiento de enfermedades endémicas como la malaria y lograr una cobertura de vacunación homogénea a nivel nacional y subnacional. La labor de promoción de la causa que está llevando a cabo la Oficina para integrar las diversas intervenciones requeridas a fin de avanzar hacia el acceso equitativo a los servicios de salud de buena calidad es crucial. También es esencial aumentar la capacidad del primer nivel de la atención para proporcionar servicios apropiados relacionados con las ENT, la salud mental y la salud sexual y reproductiva, a fin de que las personas puedan optimizar su funcionamiento y bienestar a lo largo de todo el curso de la vida.
Se necesitan soluciones y enfoques innovadores que no se limiten a los modelos tradicionales de prestación de servicios, sino que incluyan las comunidades e interesados multisectoriales, para abordar la compleja interacción de diferentes factores que afectan la salud de la población en la Región. La acción participativa que incluye a líderes comunitarios locales, personal de salud, sociedades científicas, el gobierno, organizaciones de la sociedad civil y otros interesados clave es fundamental para responder de una manera integral a los múltiples retos para la salud. Los programas y las iniciativas multisectoriales de salud ambiental están avanzando en toda la Región, debido en parte a la inclusión de otros sectores en actividades de formación de capacidad con las cuales se han comprometido los países.
Se necesita un diálogo más amplio a nivel de país con diversos grupos e interesados, incluido el sector privado, sobre la aplicación del enfoque de “Una salud” y la elaboración y ejecución de planes nacionales de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos. Además, para una acción eficaz de control de las enfermedades transmisibles, se necesita una mayor conciencia, la formación de capacidad, el traslado de tareas, recursos humanos y presupuestos nacionales para la agenda de salud ambiental. Por último, las demostraciones del papel central del agua, el saneamiento y las medidas de higiene en el contexto de las emergencias de salud pública y los desastres son fundamentales.
Con más de la mitad de la isla aún sin electricidad, miles de residentes quedan sin acceso a agua potable.
La participación multisectorial integral, incluido el sector privado cuando corresponda y con la debida consideración de posibles conflictos de intereses, es crucial para abordar las ENT y sus factores de riesgo y requiere un compromiso político sostenido. Al trabajar con el sector privado, la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas a fin de promover el marco para la colaboración con agentes no estatales y la resolución E/2017/L.21 (sobre la interferencia de la industria tabacalera, adoptada por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas [ECOSOC] en junio del 2017) puede facilitar la cooperación mutuamente beneficiosa y la resistencia a las tácticas de la industria. Es necesario ampliar la conciencia de los altos funcionarios del sector de la salud y de otros sectores sobre la evidencia sólida en que se basa el CMCT y sobre el valor de las políticas eficaces de control del tabaco. El fortalecimiento del trabajo intersectorial, incluso en los ámbitos jurídico y comercial, es importante para un entendimiento común y la negociación de resultados uniformes en distintos sectores del gobierno. No obstante, el sector de la salud tiene un papel esencial que desempeñar, dado su cometido de abordar todas las causas principales de morbilidad y mortalidad. La promoción del sentido de pertenencia del país por medio de un fuerte liderazgo político es vital para la aplicación eficaz de toda iniciativa, en particular con respecto a las ENT, que son por naturaleza crónicas y multifactoriales.
La prevención y el control de las ENT y la salud universal se refuerzan mutuamente.
Para tener un efecto duradero en la resiliencia de los sistemas de salud, la cooperación técnica de la Oficina relacionada con el RSI requiere una labor de promoción constante en diferentes niveles, centrada en el establecimiento de puentes de comunicación entre los niveles técnicos y decisorios del país. Mientras que el RSI provee mecanismos para asegurar la rendición de cuentas mutua, junto con requisitos para el seguimiento de la aplicación y el cumplimiento por los Estados Partes, la aplicación de los cuatro componentes del marco de seguimiento y evaluación del RSI debe adaptarse a las necesidades de los Estados Partes de la Región, como los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Las emergencias de salud pública que se registraron en el 2017-2018 destacaron la necesidad de fortalecer la vigilancia en la Región de las Américas, incluidos los mecanismos de recopilación de datos, en cuatro áreas: epidemias selváticas, producción pecuaria intensiva, movilidad humana y redes sociales. También es necesario fortalecer los enfoques y los mecanismos interprogramáticos a fin de integrar intervenciones cruciales para las personas con trastornos prioritarios o vulnerabilidades en la respuesta a desastres o emergencias y facilitar una acción más holística.