CD44/15 - Repercusión de la violencia en la salud de las poblaciones americanas

El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud asumió en 1993, y lo ratificó en 1996, que la violencia en todas sus manifestaciones es una prioridad de salud pública que amenaza el desarrollo de los pueblos, afecta la calidad de vida y erosiona el tejido social. La Región de las Américas es una de las más afectadas por la violencia, con un impacto negativo de gran magnitud especialmente en los países mas afectados. Se estima que más de 120.000 personas son asesinadas y más de 55.000 cometen suicidio cada año. Las mujeres y los niños y niñas sufren violencia intrafamiliar, los jóvenes son víctimas y victimarios de la violencia en las calles, y la violencia sexual o en el lugar de trabajo afectan la salud física y psicológica de las personas perjudicadas. Las minas antipersonal dejan graves secuelas en las víctimas. 

Los actos violentos se definen como actos intencionales “aprendidos”, de causa múltiple pero por ello mismo prevenibles, evitables, o “desaprendibles”. Diversas actividades se han impulsado en los países o se han llevado a cabo en el interior de la Oficina Sanitaria Panamericana siguiendo los mandatos del Consejo Directivo. Se necesita continuar desarrollando proyectos preventivos y aplicar los lineamientos del Plan Estratégico 2003-2007, y disponer de un segundo plan de acción que actualice las recomendaciones del primer Plan aprobado en 1994. Además, se cuenta hoy en día con el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud y otros documentos que son herramientas de consulta y trabajo sobre diversas formas de violencia, las prácticas exitosas o las que no funcionan. 

Es necesario un mayor compromiso de los gobiernos nacionales y municipales para la ejecución de planes y programas intersectoriales y sostenidos. El sector de la salud desempeña un papel fundamental no sólo en la atención y rehabilitación de las víctimas sino también en la puesta en práctica de proyectos de prevención, desarrollo de sistemas de información e impulso a la investigación causal y de factores de riesgo. Las comunidades y sus organizaciones civiles tienen el derecho de participar en la búsqueda y aplicación de proyectos preventivos. 

Se invita al Consejo Directivo a que analice este documento y que defina lineamientos para la política de la Organización para la Prevención Regional de la Violencia.