La investigación permite destacar puntos clave en las tendencias evidenciadas en las Américas sobre los marcos políticos, legales y regulatorios en salud y migración, y su nivel de adecuación a los estándares universales y regionales de derechos humanos.
Enmarcados en un compromiso de solidaridad y protección del derecho a la salud, varios países de la Región han avanzado en planes, estrategias y políticas específicas sobre salud y migración, que incluyen intervenciones que abordan las necesidades específicas de esta población y promueven su bienestar físico y mental. Asimismo, se evidencian marcos jurídicos nacionales sobre migración que incorporan elementos importantes sobre la salud de esta población, al igual que los instrumentos de planificación en salud que integran aspectos clave sobre el contexto de la migración en el país, las necesidades en salud de esta población y acciones para su abordaje desde el sector salud y en colaboración con otras instituciones.
A pesar de los esfuerzos para eliminar las barreras para el acceso universal a servicios de salud para la población migrante, los marcos normativos regulatorios en ocasiones incluyen obstáculos que pueden afectar este acceso. Por ejemplo, la condición migratoria puede ser un determinante en si la persona tiene acceso o no al sistema de salud ya que, en muchos países, se requiere la presentación de un documento nacional de identificación para acceder a servicios de salud primarios, secundarios o terciarios.
El idioma y las diferencias culturales representan una barrera importante para acceder a servicios de salud para la población migrante. Esto también dificulta el debido proceso médico y, sobre todo, la promoción de la salud (al igual que los controles o tratamientos, el otorgamiento del consentimiento informado cuando se precisa o los aportes para estadísticas). Asimismo, por varias razones, a la población migrante en muchos casos se le dificulta el acceso a la información sobre los marcos normativos y jurídicos del sistema de justicia y política migratoria, sus derechos y obligaciones y los pasos para acceder al sistema de salud del país de destino o tránsito, lo que podría representar una violación de derechos humanos.
Además, algunos migrantes no buscan atención o acuden a un centro de salud por miedo a ser discriminados o estigmatizados. Asimismo, una proporción alta de personas con trabajos informales o en situación de irregularidad no cuenta con cobertura de salud u otros beneficios de la seguridad social, lo que también las disuade de acudir al sistema de salud para recibir servicios de prevención, monitoreo de riesgos o atención médica.
Dado los desafíos actuales, es importante apoyar que el personal de salud continúe capacitándose y sensibilizándose en las necesidades específicas de la población migrante, en particular sus derechos y las diferencias culturales con el país de destino. También es importante la promoción de campañas de información con un enfoque centrado en la persona y el involucramiento de diversos poderes del estado, ello también bajo la cobertura de marcos jurídicos y regulatorios que otorguen derechos explícitos y reconozcan el deber del Estado en cumplimiento del derecho humano a la salud.
Asimismo, para continuar abordando estas y otras barreras, y seguir avanzando en la inclusión y protección integral de esta población en todos los procesos de formulación de políticas, leyes y programas, es fundamental la participación activa de diversos sectores y grupos de interés, por ejemplo, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, organizaciones internacionales, lideres comunitarios, redes y mecanismos de coordinación, entre otros.