Montevideo, 10 de diciembre.- Hoy, el equipo de OPS Uruguay levantó sus carteles con un mensaje claro y urgente: no a la violencia contra las mujeres.
Un gesto colectivo que reafirma un compromiso institucional y humano: ninguna forma de violencia es aceptable, y cada mujer tiene derecho a vivir segura, libre y con dignidad.
La violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo una de las más graves violaciones de los derechos humanos y un problema de salud pública de enorme magnitud. Afecta el bienestar físico, mental y emocional de quienes la sufren, limita sus oportunidades de desarrollo y perpetúa las desigualdades de género. En la Región de las Américas, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, una realidad que exige respuestas urgentes, integrales y sostenidas.
En Uruguay, la violencia contra las mujeres es una realidad ampliamente extendida y con consecuencias profundas en la salud y la vida de miles de mujeres.
Los datos nacionales confirman la magnitud del problema:
- Más de 7 de cada 10 mujeres (76,7%) han sufrido violencia de género a lo largo de su vida.
- 1 de cada 3 mujeres (37,1%) declaró haber vivido situaciones de violencia durante su infancia, lo que hoy representa a 540.000 mujeres de 15 años y más.
- En 2024, el Ministerio del Interior recibió 40.252 denuncias por violencia doméstica, un promedio de 110 denuncias por día.
Estas cifras reflejan que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino un problema estructural de salud pública y derechos humanos, que requiere respuestas coordinadas y sostenidas.
El rol clave de los sistemas de salud
Los sistemas de salud desempeñan un papel fundamental en la prevención y respuesta a la violencia, ya que con frecuencia constituyen el primer punto de contacto para las sobrevivientes. Su capacidad para identificar situaciones de violencia, brindar atención oportuna y de calidad, proteger y derivar adecuadamente es esencial para romper el ciclo de la violencia.
La región cuenta con una amplia experiencia acumulada: leyes y políticas que establecen que la violencia nunca es justificable, protocolos clínicos, servicios integrales de atención a sobrevivientes, campañas de sensibilización comunitaria, estrategias de prevención basadas en evidencia y capacitación del personal de primera línea. Compartir aprendizajes y fortalecer el trabajo intersectorial es clave para avanzar.
Un compromiso que nos involucra a todas y todos
Erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas es una responsabilidad colectiva. Desde los servicios de salud, las instituciones gubernamentales, las comunidades y los hogares, todas las personas tenemos un rol que cumplir para construir entornos seguros, saludables y libres de violencia.
Las nuevas estimaciones regionales de OPS/OMS reafirman que, a pesar de los avances normativos, la violencia persiste y requiere mayor inversión en prevención, servicios esenciales accesibles y de calidad, mecanismos intersectoriales de protección y la promoción de normas sociales igualitarias.
El mensaje es claro: la violencia no es inevitable, es prevenible.
Actuar hoy es indispensable para garantizar el derecho de mujeres y niñas a vivir libres de violencia y avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y saludables.
¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas!
