Folleto - Derechos Humanos y Salud: Personas con Discapacidad Mental
|
LA MUERTE DE VÍCTORVíctor avanzó tambaleándose hacia su madre. Ella había venido a verlo al hospital psiquiátrico nacional apenas dos días después de internarlo para que recibiera tratamiento. Se desplomó frente a ella, con las manos atadas detrás de la espalda y el cuerpo cubierto en su propia orina y excremento. La nariz le sangraba, tenía grandes moretones en la cabeza y sus ojos estaban tan hinchados que no podía abrirlos. Desesperada por buscar ayuda para su hijo, la madre de Víctor corrió por los pasillos pidiendo un médico. Cuando finalmente encontró a uno, este especialista en salud mental le restó importancia a su preocupación y le dijo tajantemente que dejara de llorar. Él nunca se molestó en examinar a Víctor y le recetó medicamentos sin siquiera levantarse de su escritorio. Era el director del hospital. Ella dejó a su hijo desnudo en el piso de su habitación. Cuando la madre de Víctor regresó a casa, encontró un mensaje diciéndole que su hijo había muerto. La oficina del médico forense expidió un resultado de autopsia que declaró que la muerte de Víctor había sido “debido a causas no determinadas”, a pesar de las obvias señales de trato inhumano y degradante. Los familiares de Víctor prometieron llevar su caso hasta el más alto tribunal disponible para buscar reparación por las injusticias cometidas en su contra... La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han revisado casos similares. Frecuentemente, los Estados se han comprometido a tomar varias medidas para reparar las injusticias cometidas en contra de las víctimas y de sus familias. Entre otras cosas, los Estados se han comprometido a investigar y sancionar a los responsables de las infracciones, a desarrollar un programa de capacitación para todo el personal a cargo de la atención de salud mental y así ayudarlos a entender cómo tratar a las personas con discapacidad mental según principios establecidos por normas y estándares internacionales de derechos humanos y a remunerar a los familiares de las víctimas para indemnizarlos por daños materiales y morales. |