Detectar, proteger y salvar vidas: el compromiso del sector salud frente a la violencia

Antes del feminicidio, hubo señales. Y no las vimos

El feminicidio es la escena final de una historia que ya venía gritando hace rato. Antes del desenlace, hubo empujones, amenazas, silencios incómodos. Cada episodio, una oportunidad perdida de intervenir. A veces las señales saltan a la vista; otras, hay que saber leerlas entre líneas, en la mirada baja, en la excusa mal armada, en la tos nerviosa antes de responder “todo bien, doctora”.

La Dra. Raquel Lovera, ex Directora de la Dirección de Género del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), plantea un punto central: la violencia debe reconocerse como un problema de salud pública. “Cada hecho violento pone en riesgo la vida de una persona. No solo afecta la integridad física, también la salud mental y el bienestar, de la persona, de la familia y de la comunidad. Por eso hablamos de una epidemia silenciosa que requiere respuestas integrales”, explica.

La primera línea de contacto

“En esos primeros 5 a 10 minutos de contacto en un servicio de salud se puede marcar la diferencia”, afirma Britta Monika Baer, Asesora Regional en Prevención de la Violencia y Lesiones de la OPS, durante su visita a Paraguay. Según explica, el personal de salud ocupa una posición única: es, muchas veces, el primer contacto con una persona sobreviviente y, en ese encuentro, puede detectar signos que de otro modo pasarían inadvertidos.

“Muchas veces esperamos hasta que el caso sea gravísimo, pero la violencia no comienza de golpe. Detectar a tiempo permite intervenir antes de que escale”, señala Baer. Para ello, la OPS promueve herramientas concretas, como el enfoque ANIMA, una herramienta de apoyo en primera línea que guía al personal en cinco pasos básicos: Atención al escuchar; No juzgar y validar; Informarse sobre las necesidades y las preocupaciones; Mejorar la seguridad y Apoyar. 

“Son acciones simples que no requieren muchos recursos, pero que transforman la experiencia de la persona y generan confianza en el sistema de salud”, agrega.

El apoyo técnico que la OPS brinda al Ministerio de Salud de Paraguay busca fortalecer protocolos, manuales y capacitaciones. La meta es que cada trabajador y trabajadora de salud tenga la seguridad de saber qué hacer en ese momento crítico, y que ninguna persona que llegue con un signo de violencia se sienta sola o juzgada “Ninguna víctima de violencia tiene la culpa de lo que le pasa”, enfatiza Britta Monika. 

Todo el personal de salud debe ser capacitado para brindar una respuesta empática, oportuna y basada en derechos ante situaciones de violencia, incluida la violencia sexual, garantizando tanto el apoyo de primera línea como la atención posterior, junto con la recolección de evidencia forense conforme a los protocolos establecidos.

La violencia como problema de salud pública

Para encarar la respuesta del sistema de salud a los casos de violencia, hacia mujeres, niños, niñas y/o adolescentes, el Ministerio de Salud cuenta con un manual de atención integral a sobrevivientes de violencia intrafamiliar, sexual y de género, que incluye protocolos, formularios y rutas claras de actuación. Este instrumento busca evitar la revictimización y estandarizar la respuesta en todo el sistema nacional de salud, incluyendo instituciones como el IPS, el Hospital de Clínicas y otros servicios vinculados.

“Trabajamos para que el personal de salud pueda detectar precozmente signos y síntomas relacionados con hechos de violencia y, a partir de allí, activar el protocolo nacional”, detalla Lovera. La atención no se limita al tratamiento médico: involucra equipos multidisciplinarios conformados por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y asesores jurídicos que acompañan de manera integral.

Un marco legal que acompaña

La respuesta también se apoya en la legislación. Desde la promulgación de la Ley 5777 en 2016, la violencia contra la mujer en Paraguay dejó de ser un delito de acción privada para convertirse en acción penal pública. Esto significa que los servicios de salud tienen la obligación de comunicar los casos a la justicia y a los organismos de protección, sin que la víctima deba presentar una denuncia formal.

Asimismo, la Ley 6202/18 de Paraguay tiene como objetivo la prevención del abuso sexual y la atención integral a niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de este delito. Entre sus puntos clave, establece que cualquier persona tiene la obligación de denunciar el abuso, que el delito es imprescriptible (se puede denunciar en cualquier momento) y que se deben adoptar medidas para proteger la salud y el bienestar de las víctimas.

“Así sea un caso de abuso, o violencia, ya no recae en la víctima la carga de denunciar, es el Estado el que debe actuar”, explica Lovera. Este marco normativo también habilita a la comunidad a realizar denuncias anónimas a través de líneas telefónicas, fortaleciendo la red de protección. En caso de sospecha de abuso y/o violencia hacia niños, niñas, adolescentes o mujeres, la prioridad es siempre la protección. 

 Capacitación y compromiso

Para ambas especialistas, el desafío no se limita a contar con protocolos y leyes, sino a garantizar su implementación cotidiana. La capacitación continua es clave. “Las y los trabajadores de la salud quieren ayudar, pero necesitan saber cómo hacerlo”, señala Baer. Lovera coincide: “No se trata solo de técnica, sino también de empatía y comunicación. La primera obligación del personal es proteger la vida y la dignidad de la persona”.

La OPS ha desarrollado una serie de recursos para fortalecer la capacidad del personal de salud en la detección de la violencia y el apoyo de primera línea.

“Los cinco pasos del enfoque ANIMA son simples y cuando se conocen generan confianza. Eso motiva porque saben que no están solos, que forman parte de un sistema articulado con otros sectores”, relata Baer.

Durante los talleres realizados en Paraguay, quedó claro que el personal de salud no solo escucha: también quiere aprender. Más de 500 personas se conectaron a una charla virtual —un número que, más allá del clic, muestra algo mucho más valioso— el compromiso de quienes están en la primera línea para entender, contener y actuar ante los casos de violencia que llegan a los servicios de salud.

Porque sí, las sobrevivientes llegan. A veces con moretones visibles, otras con heridas que no se ven en ninguna radiografía. Y ahí están ellas, las del sistema de salud, con su guardapolvo blanco y su reloj marcando turnos, tratando de hacer que esos cinco minutos cuenten.

En paralelo, se desarrollaron Talleres Teórico-Práctico de Formación de Formadores sobre el manejo clínico de la violencia sexual en el Instituto Nacional de Salud.  Es decir, gente que se prepara para preparar a otros.  Durante las jornadas, practicaron protocolos, repasaron el marco legal paraguayo y reforzaron algo esencial: que cada caso merece una atención integral, oportuna y con respeto. Desde la toma correcta de muestras —clave para la justicia— hasta la activación inmediata de los mecanismos de denuncia y protección.

Estos talleres contaron con la participación de 131 profesionales provenientes de las 18 Regiones Sanitarias del país. Entre los asistentes se incluyeron médicos clínicos, ginecoobstetras, pediatras, médicos forenses, abogados, licenciados en enfermería, obstetricia, psicología y de otras disciplinas para brindar un abordaje integral.

Fueron desarrollados por la Dirección de Género de la Dirección General de Programas de Salud y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y facilitados por expertos del Ministerio Público, a través de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Hospital de Clínicas, el Hospital General de Lambaré, el Hospital Distrital de Capiatá, el Hospital de Barrio Obrero y el Hospital Pediátrico Acosta Ñu.

No es solo un curso. Es un intento serio de que ningún caso se pierda por desconocimiento, de que la víctima no tenga que contar su historia tres veces, de que la salud y la justicia fortalezcan sus canales de comunicación, con acuerdos basados en la protección del derecho de todas las personas (niños, niñas, mujeres y adolescentes) a vivir libres de violencia.