La Paz, 20 de agosto de 2025 (OPS)- El país inicia la construcción de una Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Riesgos de agroquímicos y sustancias químicas, un paso inédito que busca enfrentar vulnerabilidades crecientes y cumplir compromisos internacionales. Bolivia dio ese paso decisivo como resultado del Foro “Manejo y Gestión Integral de Riesgos de los Agroquímicos y Sustancias Químicas, su Impacto al Medio Ambiente y Salud”, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes (PRONACOPs) y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), con participación del Ministerio de Salud y Deportes.
La iniciativa surge en un contexto de creciente vulnerabilidad frente a incidentes y desastres químicos que ponen en riesgo la salud pública, los ecosistemas y la seguridad alimentaria.
“Vivimos en un tiempo donde el desarrollo tecnológico y la creciente demanda de productos agrícolas e industrial están llevando cada vez más a la producción y el uso de productos químicos y agroquímicos. Y eso lleva a grandes desafíos. El manejo inadecuado de estos productos o de estas sustancias representa una amenaza significativa para nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad y sobre todo para la salud de nuestras comunidades”, advirtió Ronald Yannick Esuñagua, coordinador del Viceministerio de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional del Ministerio de Salud y Deportes.
El foro, que reunió a instituciones públicas, privadas, académicas y de cooperación internacional, tiene dos objetivos clave: fortalecer las capacidades técnicas de actores nacionales para gestionar los riesgos asociados a agroquímicos y sustancias químicas, y sentar las bases de un plan estratégico nacional que oriente políticas, responsabilidades y coordinación interinstitucional.
“Bolivia está avanzando hacia un marco estratégico que no solo cumple con los convenios internacionales —Basilea, Rótterdam, Estocolmo y Minamata—, sino que además fortalece las capacidades internas para proteger la salud de la población y el ambiente”, destacó Sandro Quintana Jiménez, responsable del PRONACOPs dependiente del MMAyA. “Además tenemos que responder como país a políticas que ayuden al control de estas sustancias químicas y su manejo claro”, subrayó.
“Queremos establecer lineamientos, estrategias, líneas de acción y posiblemente identificar algunos vacíos normativos que nos permitan afrontar de forma integrada este tema de los agroquímicos, porque al final todo ello repercute en nuestra salud, no solo de los humanos, sino también del medio ambiente”, dijo Omar Osco, director general de Biodiversidad y Áreas Protegidas del MMAyA.
La agenda incluyó cuatro sesiones: intercambio de experiencias sobre riesgos e impactos; discusión de conceptos, herramientas y enfoques de gestión integral; trabajo en grupos para delinear propuestas de estrategia; y conclusiones con los próximos pasos.
Entre los participantes destacan el Ministerio de Salud y Deportes, SENASAG, universidades e institutos de investigación, colegios profesionales, empresas privadas del sector y organismos internacionales. La pluralidad de actores, según los organizadores, busca asegurar una estrategia multisectorial y de corresponsabilidad compartida.
El director general ejecutivo del SENASAG Bolivia, Carlos Richard Salas Jiménez, señaló que “como Bolivia reafirmamos el convenio que firmó nuestro Estado Plurinacional para la protección del medio ambiente, para la regulación de estos productos químicos que son dañinos a la salud humana, pero también trabajar de la mano del sector productivo. No podemos dejar a un lado al sector que es el motor principal que mueve la economía en diferentes departamentos”.
El foro también permitió identificar brechas y desafíos urgentes: ausencia de diagnósticos nacionales sobre vulnerabilidad química, debilidad en la coordinación interinstitucional y necesidad de actualizar marcos regulatorios frente a nuevas sustancias en el mercado.
Así como establecer los impactos en la salud humana. De hecho, la academia presentó estudios de caso que revelaron daños acumulados en grupos de agricultores.
Noemí Tirado responsable de la Unidad de Genética Toxicológica del Instituto de Genética de la Universidad Mayor de San Andrés reveló que “los estudios que hemos venido realizando a lo largo de estos años nos han demostrado las evidencias de la exposición de las personas, a través de la identificación de metabolitos de los plaguicidas en la orina y también hemos evidenciado el daño en el material genético, en el DNA de las células de estas personas … esas alteraciones en el material genético se van acumulando y se pueden producir enfermedades degenerativas, como ser una diabetes, un Alzheimer, o hasta un cáncer a la larga”, relató.
Por su parte, la doctora Banny Zelada, especialista en toxicología clínica, parte del equipo del Ministerio de Salud y también del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX del Hospital Japones en Santa Cruz, señaló que “en la actualidad sin duda es algo muy evidente el aumento de casos de intoxicación por sustancias químicas, entre esos plaguicidas, solventes, sales, etcétera. Hace 20 años versus la casuística de ahora, sin duda que ha aumentado muchísimo, estamos hablando de ocasiones hasta más de 5 o 6 casos diarios”.
El foro incidió en la necesidad de una coordinación público-privada para las regulaciones necesarias. El jefe de proyecto de la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios APIA, una organización que representa a más de 65 empresas distribuidoras, comercializadoras, importadoras de insumos agrícolas, productos para la protección del cultivo, Agapito Montaño, destacó que el sector privado debe estar de la mano con las instituciones que regulan la actividad. “Es una muy buena simbiosis la que se debe generar entre el sector público y privado y creemos que los resultados van a ser mucho más efectivos”, manifestó.
La OPS/OMS, a través de su cooperación técnica, respaldó la iniciativa como un ejemplo regional. “Bolivia está dando una señal importante: gestionar riesgos químicos no es solo una tarea ambiental, es una acción prioritaria de salud pública”, señaló Luis Francisco Sánchez, asesor regional de seguridad química de la Organización Panamericana de la Salud.
“Estamos revisando cómo podemos avanzar en Bolivia en los temas de la gestión de plaguicidas y otras sustancias químicas. El fortalecimiento de capacidades y el fortalecimiento de los centros toxicológicos es uno de nuestros mayores intereses y esperamos que quede como prioridad del ejercicio que se está realizando. Esperamos que el país siga avanzando en la calidad de sus normas, en los acuerdos internacionales y, por supuesto, en la gestión de los plaguicidas y su impacto en la salud y el ambiente”, apuntó.
Con la hoja de ruta del foro, Bolivia busca sentar las bases de una política nacional que asegure un manejo ambientalmente racional de sustancias químicas, con impactos directos en la reducción de riesgos para la salud de las personas y la protección de sus ecosistemas.
