Aunque el 88% de los países encuestados ha incorporado los cuidados a largo plazo en leyes, políticas o planes nacionales, solo 15 de los 35 Estados Miembros de la OPS informan contar con un sistema formal financiado con fondos públicos.
Washington, D. C., 28 de octubre de 2026 (OPS) – A medida que envejece la población de las Américas, aumenta la necesidad de cuidados a largo plazo. Sin embargo, la fragmentación de los servicios y la insuficiencia del financiamiento público hacen que las familias deban asumir gran parte de la responsabilidad y los costos de la atención, según una sinopsis de política conjunta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para 2050, se estima que 306 millones de personas en las Américas —más de uno de cada cuatro habitantes— tendrán 60 años o más. Ante el envejecimiento de la población, los países deberán ampliar los servicios que ayudan a las personas a mantener su autonomía, capacidad funcional y calidad de vida, al tiempo que brindan apoyo a quienes las cuidan.
La publicación coincide con la víspera del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, y pone de relieve la necesidad de fortalecer los sistemas de cuidados a largo plazo para garantizar que las personas que requieren asistencia continua puedan acceder a servicios coordinados y de calidad sin enfrentar dificultades económicas.
“Invertir en cuidados a largo plazo no es simplemente un gasto. Es una inversión en personas más saludables, familias más fuertes y sociedades más resilientes. Puede contribuir a reducir las brechas en el acceso a los servicios de salud, apoyar a las personas cuidadoras, avanzar hacia la salud universal y fortalecer al personal de salud”, afirmó Mary Lou Valdez, Directora Adjunta de la OPS.
Avances en las políticas, brechas en los servicios
Los países de las Américas han avanzado en el reconocimiento de los cuidados a largo plazo como una prioridad de política pública. Según la evaluación de mitad de período de 2025 de la Década de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable, el 88% de los países encuestados informó haber incorporado los cuidados a largo plazo en leyes, políticas o planes nacionales, frente al 61% de los encuestados en 2020.
Sin embargo, solo 15 de los 35 Estados Miembros de la OPS informaron contar con un sistema formal de cuidados a largo plazo financiado con fondos públicos, mientras que apenas siete de los 27 países que respondieron a una pregunta específica señalaron contar con un reconocimiento legal de las personas cuidadoras informales y de su derecho a recibir apoyo.
La sinopsis de política conjunta de la OPS y el BID, Gobernanza y financiamiento de los cuidados a largo plazo, identifica la fragmentación de los servicios y el financiamiento insuficiente como obstáculos importantes para responder a las necesidades de cuidado. Los servicios de salud y protección social suelen funcionar de manera independiente, sin evaluaciones ni planes de atención coordinados. Como resultado, las personas pueden recibir asistencia de distintos proveedores sin la continuidad de la atención que necesitan.
Fortalecer la capacidad para brindar cuidados a largo plazo requiere articular los servicios de salud y sociales, establecer responsabilidades claras, coordinar las evaluaciones y los planes de atención, definir estándares de calidad y garantizar un financiamiento sostenible, de modo que las personas reciban el apoyo que necesitan, independientemente de quién preste los servicios.
Con frecuencia, las familias cubren estas brechas, ya sea proporcionando cuidados no remunerados o pagando directamente por los servicios. La sinopsis estima que el valor económico de los cuidados informales a largo plazo puede representar entre el 0,8% y el 4,9% del producto interno bruto (PIB) anual. Por ello, fortalecer los servicios formales de cuidados y el apoyo a los familiares y otras personas cuidadoras no remuneradas es una parte importante de la construcción de sistemas de cuidados a largo plazo más sostenibles.
Uruguay: un ejemplo de atención coordinada
Uruguay ofrece un ejemplo de cómo los países están abordando estos desafíos. Creado en 2015, su Sistema Nacional Integrado de Cuidados reúne a ministerios, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil bajo una estructura de gobernanza compartida, con responsabilidades de coordinación de políticas, servicios y financiamiento.
El sistema utiliza evaluaciones estandarizadas para determinar las necesidades de cuidado y los criterios de elegibilidad para recibir apoyo. El financiamiento público y los copagos se establecen en función de los ingresos, mientras que los proveedores de servicios deben cumplir estándares de calidad y las personas que trabajan en cuidados están sujeto a requisitos de formación y certificación.
La OPS apoya a los países en el fortalecimiento de las políticas de cuidados a largo plazo y la integración de estos servicios en los sistemas de salud. Su Política sobre los cuidados a largo plazo 2025–2034 promueve enfoques para mejorar la coordinación, el financiamiento y la calidad de la atención, incluso a través de la atención primaria de salud y los servicios comunitarios, con énfasis en preservar la capacidad funcional de las personas y brindar apoyo a quienes las cuidan.
Estos desafíos también se abordarán durante un diálogo de alto nivel organizado por la OPS y el BID el 29 de octubre, que reunirá a responsables de formular políticas y expertos para analizar cómo fortalecer la gobernanza y el financiamiento de los cuidados a largo plazo y hacerlos más accesibles, equitativos y sostenibles.
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