Una jornada organizada por el Ministerio de Salud de Chile, con apoyo de la OPS, abordó cómo la colaboración entre sectores puede acelerar el logro de los objetivos de salud, reducir inequidades y fortalecer el bienestar de la población. El encuentro reunió a representantes de diversas instituciones públicas para compartir experiencias.
Santiago, Chile, 25 agosto de 2026 — La salud y el bienestar de las personas dependen de mucho más que los servicios sanitarios. Factores como la educación, la vivienda, el empleo, el transporte, el medio ambiente o la cohesión social influyen decisivamente en la calidad de vida de las comunidades. Bajo esta premisa, la jornada ‘Salud y bienestar: oportunidades y desafíos desde la intersectorialidad’ reunió a representantes gubernamentales y organismos internacionales para abordar cómo el trabajo coordinado entre sectores puede generar soluciones más eficaces a problemas complejos y contribuir a una mayor equidad en salud.
La apertura principal estuvo a cargo de Orielle Solar, directora interina del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad de la OPS, quien destacó que cerca de la mitad de la carga de enfermedad está asociada a factores sociales y económicos que trascienden al sector sanitario. Solar explicó que la intersectorialidad implica la acción coordinada entre diferentes sectores del Estado, junto con la sociedad civil y, cuando corresponde, el sector privado, para alcanzar objetivos comunes que ningún actor puede lograr por sí solo.
“No tratamos de convertir a otros sectores del gobierno en agencias de salud; la idea es trabajar con ellos en sus problemas y prioridades de manera que protejan y promuevan la salud”, afirmó. También subrayó que el trabajo intersectorial fortalece la coordinación institucional, favorece la innovación, optimiza recursos y permite abordar de forma más efectiva las inequidades que afectan a la población.
Iris Salinas, de la División de Cooperación Público-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, presentó experiencias de articulación entre el sector público, la sociedad civil, la academia y las empresas para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Salinas explicó que desafíos como la pobreza, la vulnerabilidad o las desigualdades territoriales exceden la capacidad de respuesta de una sola institución y requieren alianzas permanentes.
Entre los mecanismos destacados mencionó la Red Nacional Agenda 2030, los grupos técnicos intersectoriales y diversos fondos y programas destinados a fortalecer la cooperación entre actores públicos y privados. “Los problemas complejos requieren colaboración y coordinación permanente”, señaló, resaltando que las soluciones sostenibles surgen cuando distintos sectores ponen en común sus conocimientos, capacidades y recursos.
Odette Urrutia, jefa del Departamento Estrategia Nacional de Salud de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud de Chile y responsable del proceso de implementación de la Estrategia Nacional de Salud 2021-2030, centró su intervención en la Comisión Nacional de Equidad y en los avances para incorporar los determinantes sociales de la salud en el trabajo intersectorial del país. Urrutia resaltó que los objetivos sanitarios nacionales, entre ellos mejorar la salud y el bienestar, reducir las inequidades y asegurar la calidad de la atención, solo pueden alcanzarse mediante una acción coordinada entre distintos sectores gubernamentales. “En la medida que todos comprendamos el concepto amplio de la salud, entenderemos que necesitamos trabajar conjuntamente”, dijo, y presentó ejemplos concretos de cómo políticas de vivienda, transporte, cambio climático, envejecimiento saludable o actividad física contribuyen directamente a mejorar los resultados en salud.
Al cierre de la jornada, los participantes coincidieron en que fortalecer los mecanismos de coordinación intersectorial es fundamental para responder a desafíos cada vez más complejos y avanzar hacia una sociedad más saludable, resiliente y equitativa. La experiencia chilena, incluida la labor de la Comisión Nacional de Equidad y sus instancias regionales, fue señalada como una oportunidad de aprendizaje para otros países de las Américas interesados en impulsar políticas públicas más integradas y centradas en el bienestar de las personas.
